El Consejo de la Magistratura resolvió abrir una nueva instancia de impugnación de los postulantes a cubrir el cargo de Juez en lo Civil y Comercial en ésta ciudad, poniendo en practica un decreto de Gobierno para que organizaciones no gubernamentales y asociaciones de profesionales realicen observaciones que consideren oportunas a tener en cuenta por el Poder Ejecutivo, replicando así una medida que existe en el concurso nacional de postulantes a Magistrados.

Ahora se abre una instancia de quince días corridos para que se realicen las observaciones, en una nueva medida a las que se los somete a los dos únicos postulantes admitidos para el cargo que dejó vacante la polémica Jueza Adriana Rapossi. Ellos son los doctores Laura Victoria Ubertazzi, y Gustavo Fernando González.

Cabe resaltar que por reglamentación interna del Consejo de la Magistratura, existe un período de impugnación de los postulantes admitidos, cuyos antecedentes y datos se publican en el Boletín Oficial y son públicos en el cuerpo colegiado. Ese plazo ya fue vencido y no hubo presentación alguna. Sin embargo, la decisión de los integrantes del cuerpo colegiado fue demorar aún más el proceso de selección, estableciendo para el 2 de julio recién la entrevista personal de los dos profesionales.

Ayer se cumplió el examen escrito en base a un causa tramitada bajo expediente “Ybars, Irma Paola c/IPAUSS sobre amparo”. Para los próximos días está prevista la realización de los exámenes psicofísicos.

De acuerdo a lo informado desde la oficina de prensa del Superior Tribunal, hubo una moción del Jefe de Gabinete, Sergio Araque, para que en este concurso se aplique lo establecido en el decreto del Poder Ejecutivo 1967/13; la que fue aprobada por unanimidad de los presentes.

El decreto establece que los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos podrán en el plazo de 15 días corridos –a cuyo fin se habilitan días inhábiles administrativos-, presentar ante el representante del Poder Ejecutivo Provincial por escrito y documentado las posturas, observaciones y circunstancias que considere de interés, respecto de los postulantes incluidos en el proceso de preselección.