Luego de haber sido aprobada la ordenanza para la creación del Registro para Personas Condenadas por casos de Violencia de Género e Intrafamiliar, el concejal dialogó con FM Fuego y dio detalles del proyecto que tiene como principal objetivo amparar a las víctimas para continuar con el proceso judicial hasta llegar a una condena.

“Hace nueve meses que estoy trabajando con este registro en el cual hubo un disparador que nos llamó la atención que era un dato de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana (DIAT) que decía que en pandemia, en abril/mayo del 2020, habían alrededor de 300 llamados de denuncias de violencia por mes”, contó el concejal.

En ese sentido, explicó que “empezamos a ver qué pasa con esos 300 llamados y la continuidad de las denuncias. Y en el trabajo con profesionales veíamos que de los 300 sólo había 5 condenas, que era muy difícil llegar a la condena. Esto nos llamó aún más la atención”. Y agregó: “Dentro de las violencias, también está la económica. Si el victimario es el único sostén de familia, entonces las víctimas se ven con dificultades para continuar con la denuncia porque dependen económicamente del victimario. Esto me pareció muy fuerte y teníamos que tratarlo de alguna manera”.

Con respecto a la aplicación de la norma, Lassalle remarcó que “como es una ordenanza de un ámbito pequeño, de un municipio, y el estado tiene que ser ejemplo de todo esto, en primera instancia apuntamos a los empleados y empleadas municipales. Es decir, en una de las últimas comisiones sumamos el artículo 11 donde dice que tiene que haber un reemplazo en cuanto al puesto laboral. O sea que si el victimario es empleado municipal y tiene que cumplir una condena que está firme, para ese puesto laboral tiene prioridad la víctima”.

“En el momento que aprobamos esta norma, nos llamaron dos mujeres que están pasando una situación donde el marido está cumpliendo una condena y eran empleados municipales. Entonces, empiezan a haber posibilidades de que el Estado pueda estar presente de alguna u otra manera. Y si el estado puede estar presente dándoles un espacio laboral, bienvenido. Más allá de todo lo que tiene que hacer el estado para trabajar con la víctima, pero la parte económica es muy importante. De todas formas, es el juez el que siempre decide, no depende de un funcionario municipal”, continuó.

Por otro lado, aclaró que “con este proyecto no pretendemos erradicar la violencia de raíz, esto no se hace con una sola ley. Tenemos que seguir generando este tipo de normas para fortalecer al poder judicial y darle herramientas a las víctimas para que puedan denunciar. Todos los concejales y concejalas estamos con esta mirada de empezar a generar normas en donde las víctimas tengan la confianza de continuar con la denuncia y los pasos judiciales hasta llegar a la condena”.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia que tendrá el poder judicial: “Esta norma no significa poner un pie, desde la parte legislativa o ejecutiva, dentro del Poder Judicial. Pero sí darle herramientas para que lo use o no según la decisión que tenga el juez. En este registro pueden estar todos los condenados que el juez crea o puede no haber ninguno”.

El concejal aclaró además que para ingresar al registro es indispensable que haya una condena: “No nos podemos guiar solamente por las denuncias. Las denuncias pueden traer también un daño a la imagen pública. Cualquier persona, hombre o mujer, está expuesta a una denuncia. Entonces lo que tiene que haber es una condena firme con respecto a eso. Y la decisión siempre tiene que ser del juez en integrar y/o retirar el nombre del registro”.

Por último, indicó que “el registro será público y municipal. Lógicamente, esto lo tiene que reglamentar el Ejecutivo y desde ahí se decidirán dónde se encontrará el registro”.