A través del mencionado programa el Instituto Provincial de Vivienda y Habitat brindó beneficios para la bonificación total en un solo pago al saldo deudor que los adjudicados tenían con el organismo.

Dependiendo de los años de la deuda se equilibraba el beneficio en la bonificación de la cancelación total, siendo el tope máximo del 30% de descuento, al que más de 730 familias lograron acceder.

“Fue muy positivo sobre todo para el adjudicatario que hoy ya es propietario, han sido en realidad 810 las familias que han podido cancelar. Todavía hay algunas tramitaciones vigentes porque han pedido antes del 29 de febrero el inicio del programa, así que estamos trabajando todavía en algunos casos”, resaltó la directora en una nota para Radio Fuego.

De ese modo, se refirió a la recaudación lograda, “Hemos tenido ingresos por aproximadamente 500 millones, nominalmente si hacemos un análisis de que se pagaron ese número de vivienda y recibimos ese monto, hoy por hoy con ese dinero hacemos aproximadamente 7 casas nada más. Pero es importante porque son viviendas que hace mucho han sido entregadas y para nosotros era un dispendio administrativo importante seguirlas manteniendo como adjudicatarias”.

Asimismo, las familias ya pueden acceder con el libre de deuda a tener su escritura, “Además este ingreso nos sirvió para ir pagando certificaciones atrasadas de las obras de infraestructuras y de viviendas que tenemos con fondos propios. Si bien esperábamos un poco más, está bien en el porcentual”.

En Ushuaia hubo menos cantidad de familias que hizo la operatoria pero se percibió mas cantidad de ingresos por viviendas más nuevas, caso contrario a lo sucedió en Río Grande, “Donde hubo más cantidad de adjudicatarios, pero en cuestión de dinero fue menor, por lo cual asumimos que la cantidad de viviendas que se anclaron en Río Grande son las que están entregadas hace más de 20 años con una cuota bajísima de 2 o 3 mil pesos”, detalló Montes.

Ahora bien recordó que actualmente hay un cambio en la modalidad de recupero, “Hasta el año 2016-2017 aproximadamente había una ley que no permitía indexar las cuotas, por eso no se veía reflejada la inflación en las cuotas y quedaban estancadas en el tiempo. Ahora cada vez está cambiando mas cual es el rol del Estado en cuanto al tema del acceso a la vivienda y a la tierra”.

En el marco del anuncio del gobernador Gustavo Melella, en la apertura de sesiones ordinarias respecto a la posibilidad de que el Instituto alquile viviendas, una medida que ha generado expectativas y plantea nuevos desafíos en el contexto actual, la funcionaria precisó: “Es una operatoria que ya se viene llevando a cabo pero con otro nombre, tenemos más de 300 Convenios de Ocupación con Canon de Uso”.

“La gente que vive bajo estos convenios no es dueña de la vivienda, lo sigue siendo el IPV y es como un alquiler. Solamente que tiene otro nombre porque la Ley 19 de Creación del instituto, permite que podamos vender, hacer locaciones y comodatos. Lo usábamos en principio para las situaciones de irregularidad por ejemplo, y ahora dentro de las políticas nacionales que hay tenemos que adecuarnos”, añadió.

Seguidamente sostuvo, “Hemos estado trabajando en opciones, sobre todo en la segmentación de la demanda, porque hoy es muy difícil acceder a la vivienda y al alquiler. Para toda esa franja de la demanda poner una parte para vulnerabilidad, otra para alquiler y otra para adjudicación en venta”.

A raíz de este anuncio, Montes dijo, “Estamos trabajando en una reglamentación en donde por ejemplo si se entregan 100 viviendas, 20 serán destinadas para vulnerabilidad, es decir en el caso de personas de la tercera edad, discapacidad y quienes estén en algún contexto crítico, otros porcentaje que lo estamos definiendo será para alquiler y sobre todo para salir a equilibrar la oferta y demanda de alquileres, el precio, y otro para adjudicación en venta”.

Haciendo frente a los cambios en la política del ente estatal a nivel nacional, hizo referencia, “Estamos igual, no tenemos a nadie nombrado como autoridad. Seguimos con los convenios y contratos vigentes pero para nosotros nos sería muy útil que nos digan este es el panorama, así sea el más oscuro, para poder tomar decisiones, pero hoy estamos con obras suspendidas, no tenemos ningún referente salvo el arquitecto Héctor Lostri”.

“Las últimas novedades que tenemos es que se ha cambiado la secretaria de vivienda del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Economía, pero ahí no hay gente nombrada. Estamos con 500 viviendas en ejecución, 2200 viviendas licitadas y 3 obras de infraestructuras importantes que todavía no nos ha dicho si tienen o no objeción financiera”, comentó al respecto.

“Tenemos en un rango del 40% de avance de obra y hasta el 95%, estas últimas son las que tenemos como prioridad para entregar y están en Río Grande, son 54 viviendas colectivas que en están en Chacra XIII”, afirmó finalmente.