La norma en cuestión, que había sido modificada en 2016, había establecido que la provincia recuperaría la potestad sobre la determinación y percepción del impuesto inmobiliario urbano, que desde 1985 estaba en manos de los municipios.

El vencimiento del plazo para que el cobro del impuesto pasara a la provincia generó preocupación en los municipios, que obtienen alrededor de 4 mil millones de pesos anuales por este concepto.

El tema estuvo en debate hasta último momento, con dos propuestas en juego: una para prorrogar por un año más la recaudación municipal y otra, impulsada por el legislador Matías Lapadula, para derogar definitivamente el artículo de la ley y dejar la recaudación permanentemente en manos de los municipios.

Finalmente, tras un cuarto intermedio, Lapadula retiró su propuesta y la Legislatura aprobó por mayoría una prórroga de dos años, asegurando que la recaudación del impuesto inmobiliario seguirá siendo responsabilidad de los municipios de Tierra del Fuego.