La comunidad indígena Selknam Rafaela Ishton ha presentado una denuncia pública tras detectar la venta y arrendamiento ilegal de tierras comunitarias en la zona de Aguas Blancas, ubicada en cercanías a Tolhuin.

El conflicto surge a raíz de la venta fraudulenta de hectáreas comunitarias por parte de una persona, quien incluso pertenece a la misma comunidad. Hasta el momento, cuatro personas han reportado haber sido estafadas, aportando pruebas documentales que incluyen transferencias y depósitos realizados bajo promesas de boletos de compra-venta que nunca se concretaron.

Las tierras afectadas se encuentran en el sector de Aguas Blancas, un lugar reconocido por su belleza natural y su cercanía a la Laguna Blanca, un atractivo turístico de la región. Según Guevara, la estafa se centró en esta área debido a su valor escénico, lo que hizo que la oferta resultara tentadora para los compradores.

La comunidad aclara que, a pesar de estas transacciones ilegales, las tierras permanecen protegidas y que cualquier uso comercial o posesión no autorizada es ilegal. Algunas personas que compraron estas tierras ya han intentado delimitar áreas con alambres, aunque todavía no han tomado posesión física del lugar.

“Se han detectado casos donde algunos compradores inocentemente creyeron en documentos fraudulentos, mientras que otros especularon con la posibilidad de aprovecharse del bajo costo de la transacción” aseguró Guevara, indicando además que varios documentos mostraban firmas certificadas por escribanos, aunque esto no validaba la legalidad de las operaciones.

La vicepresidenta también confirmó que una persona de la comunidad estaba involucrada directamente en las ventas ilegales: “Es vergonzoso que alguien de nuestra propia comunidad haya incurrido en estos actos. Pero nuestra comisión directiva, que asumió hace pocos meses, está comprometida a resolverlo mediante el debido proceso”.

Además, explicó que el territorio comunitario no solo está protegido por su carácter ancestral, sino también por el marco legal que prohíbe cualquier actividad comercial privada dentro del mismo. Guevara destacó que la comisión directiva trabaja en identificar y resolver otras irregularidades relacionadas con el uso de recursos naturales por parte de privados, asegurando que las decisiones se tomarán mediante una asamblea extraordinaria, convocada para febrero.

Sobre las acciones concretas que la comunidad emprenderá a raíz del conflicto Guevara explicó : “Hemos enviado una carta documento a la persona involucrada, notificándola de nuestra posición. También solicitaremos al área de Ambiente la desafectación del sitio como zona de acampe, dado que estas actividades han generado un perjuicio para otros miembros de la comunidad”. Añadió que se tomarán medidas ejemplares para prevenir futuros casos similares.

“No vamos a permitir que estas acciones ilegales pongan en riesgo nuestro territorio y los derechos colectivos de nuestra comunidad. Es nuestra responsabilidad custodiar estas tierras en memoria de nuestros ancestros y para las generaciones futuras”, enfatizó Guevara. En esta misma línea expresó “El monto ofrecido por estas tierras es irrisorio, lo que debería generar sospechas. Además, ningún documento de compra-venta privado puede tener validez legal en este contexto. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”, aclaró.