Con la premisa de orientar fondos para realizar mejoras edilicias en distintas dependencias del Servicio Penitenciario, así como adquirir tecnología y nuevo equipamiento para la Policía de la provincia, el Gobierno impulsa un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en el sistema integral de seguridad pública por dos años.

De este modo, la iniciativa establece que se destinen 5 mil millones de pesos para encarar mejoras edilicias en distintas dependencias donde se alojan personas privadas de su libertad, así como la actualización de software y equipamiento que se utiliza en la Policía fueguina.

Consultado al respecto, el viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, destacó que el proyecto del Gobierno -que ya fue abordado en una reunión de la Comisión N° 6 de Justicia y Seguridad de la Legislatura- se trata de una propuesta más amplia que la presentada en 2023 por el legislador Pablo Villegas (Mopof), que solo apunta a una declaración de emergencia en el Servicio Penitenciario.

“Lo que planteamos desde el Ejecutivo es un proyecto más integral que contempla, incluso, la posibilidad de articular iniciativas público-privadas, sobre todo con experiencias que se han dado en diferentes partes del mundo y experiencias que también la Nación está analizando sobre esto”, señaló.

“La situación del Servicio Penitenciario no es la óptima en lo que tiene que ver con el crecimiento de la comunidad carcelaria, y la única solución es la construcción de una nueva unidad carcelaria”, remarcó Canals.

De hecho, recordó que “hubo un proyecto hace dos años en Ushuaia y el proyecto no prosperó aunque contábamos con los recursos del Gobierno nacional, pero hoy esos recursos no están y afrontar la construcción de una nueva unidad carcelaria demandaría entre 22 mil y 25 mil millones de pesos, por lo que es muy complejo y no está en la posibilidad del Estado”.

Sin embargo, el funcionario aseguró que desde el Ejecutivo provincial avanzan los trabajos de refacción y remodelación del denominado Anexo 4 en la ciudad de Ushuaia “para descomprimir la situación de la Alcaldía”; mencionando que “además ya estamos terminando los trabajos que tienen que ver con el cerramiento de una de las gamelas lindera al Poder Judicial (ex casa de pre-egreso) en la ciudad de Río Grande, donde se van a poder alojar entre 50 y 60 presos”.

“En esto se está trabajando actualmente y ya se instaló el circuito cerrado de cámaras de seguridad, avanzan los trabajos de cerramientos de rejas y lo que tiene que ver con el servicio de agua y la instalación de calderas”, detalló el funcionario, estimando que ese espacio estará disponible en los próximos 30 días.

Para Canals las mejoras en el Anexo 4 van a permitir “descomprimir la situación compleja que tiene el Servicio Penitenciario fundamentalmente en la ciudad de Ushuaia”.

Proyectos de iniciativa público-privada:

El Viceministro de Coordinación de Gabinete consideró que la inclusión de la iniciativa público-privada es uno de los puntos salientes del proyecto de emergencia, entendiendo que “va a permitir abrir un abanico de posibilidades” para encontrar nuevas alternativas de solución.

“Nosotros vamos a apelar definitivamente al sector privado para que pueda actuar o presentar alternativas para descomprimir la situación carcelaria, como lo están haciendo actualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Provincia de Buenos Aires o el propio Gobierno nacional”, agregó.

En ese sentido, Canals recordó que si bien la seguridad “es una potestad y una responsabilidad del Gobierno de la provincia”, se busca replicar experiencias “que se llevan adelante en muchas partes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos o Brasil, o la misma Nación lo está analizando con algunos penales federales”.

“Toda unidad penitenciaria trae consigo unidades de negocios que tienen que ver con cuestiones puntuales, entonces lo que se plantea es que un proyecto privado construya una nueva unidad carcelaria y todo lo que tiene con los servicios que brinda el Servicio Penitenciario, como por ejemplo los servicios de comida y lavandería, por mencionar algunos, sean contratados a ese privado que realizó la construcción para que en una determinada cantidad de años recupere esa inversión”, indicó.

Para el funcionario, en el contexto económico actual “donde no hay recursos para poder llevar adelante la construcción de una nueva cárcel se deben buscar alternativas y apuntar también al sector privado”.

Además, el funcionario destacó que la declaración de emergencia incluye a la totalidad del sistema de seguridad “no porque el sistema esté endeble sino porque hay una realidad nacional muy compleja, que tiene que ver con la celeridad de trámites; con la celeridad de contrataciones y que tiene que ver con muchos esquemas dolarizados”.

“Un ejemplo breve es el software de apertura de celulares; el software que tiene que ver con las tobilleras electrónicas; el hardware que traen las tobilleras y son todas cuestiones que se deben pagar en dólares y que tiene modificaciones todos los días, entonces debemos acelerar estas cuestiones”, señaló.

Por este motivo, el funcionario destacó que la propuesta para destinar 5 mil millones de pesos “es austera y está destinado solamente a cuestiones de infraestructura menor, como la compra y actualización de estos softwares que requiere la Policía provincial”.