Este lunes 9 de enero en Perú murieron 14 personas durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que reclaman por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el llamado a nuevas elecciones.

Los violentos encontronazos se registraron en los alrededores del aeropuerto de Juliaca, en la región peruana de Puno que limita con Bolivia. Las muertes se habrían producido cuando los manifestantes intentaron tomar el lugar.

Al mismo tiempo, al menos 20 heridos debieron ser trasladados a hospitales de la zona luego de vivir el sexto día de manifestaciones, tras la tregua navideña, en reclamo por elecciones inmediatas y la renuncia de la mandataria Boluarte.

Sumando a estos catorce fallecidos, la cifra de decesos en protestas antigubernamentales ascendió a 42 personas desde el 11 de diciembre.

Cabe mencionar que la región de Puno se encuentra aislada como consecuencia de los bloqueos de las vías que la conectan con Arequipa, Cusco y Madre de Dios, al mismo tiempo, también se encuentra restringido el tránsito en otras rutas en seis regiones del país.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo le ordenó a las fuerzas de seguridad "hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza" y le solicitó al Ministerio Público que inicie "una investigación célere que permita esclarecer los hechos".

De esta manera, la Fiscalía tomó las diligencias previas contra Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, con el objetivo de determinar si se encuentran indicios de la existencia de un delito que posibilite abrir una investigación preparatoria para así esclarecer las denuncias contra ambos funcionarios.

Las protestas en Perú desde la asunción de Dina Boluarte

Perú comenzó a sufrir una ola de protestas desde que Dina Boluarte asumió como presidenta por sucesión constitucional luego del fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra detenido por 18 meses acusado del presunto delito de rebelión.

En este sentido, los ciudadanos salieron a las calles de varias regiones del país para reclamar la renuncia de la nueva mandataria, el cierre del Congreso y un adelanto de las elecciones. Sin embargo, fueron reprimidos por la Policía en conjunto con las Fuerzas Armadas a partir de un decreto de emergencia aprobado por el Gobierno.