El exministro de Salud de Córdoba Diego Cardozo fue imputado este lunes por la Justicia local por omisión de deberes de funcionario público, en relación a la causa que se investiga por la muerte de bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la capital, indicaron fuentes judiciales.

El fiscal de Instrucción Raúl Garzón fue quien decidió la imputación de Cardozo, quien dejó su cargo el mes pasado por los cuestionamientos recibidos al presuntamente no alertar a tiempo la situación, de la cual habría tenido conocimiento meses antes de que se hiciera público.

Además, también fue imputado el exvicedirector de Gestión Hospitalaria del Neonatal, el abogado Alejandro Escudero Salama, por la misma figura, que alude a la omisión de haber denunciado los graves hechos que se dieron en el hospital.

Cardozo había dejado el cargo el pasado 25 de agosto, cuando presentó su renuncia, y también fueron apartados de sus cargos otros funcionarios de Salud que estarían al tanto de la información.

Se trata del secretario de Salud, Pablo Carvajal; el director de Hospitales Capital, Esteban Ruffin; y la directora de Maternidad e Infancia, Marcela Yánover.

Más temprano, la Justicia resolvió ampliar las acusaciones por el delito de "falsedad ideológica" a una enfermera y dos ex directivas del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo.

La causa aún se mantiene con secreto de sumario, pero una fuente judicial indicó que el fiscal decidió ampliar la acusación por "falsedad ideológica" a la enfermera Brenda Agüero, de 27 años, detenida desde el 19 de agosto e imputada por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”, al que ahora también sumará en grado de “tentativa”.

Agüero está sindicada como sospechosa de inocular intencionalmente sustancias tóxicas a los bebés que luego le ocasionaron la muerte.

La nueva acusación también alcanza a la exdirectora del Hospital Materno Neonatal "Ramón Carrillo", Liliana Asís, y a la ex jefa del área de Neonatalogía, Marta Gómez Flores, quienes se encuentran imputadas por los delitos de “omisión de los deberes de funcionario público”.

Según se anticipó, el fiscal Garzón indagará, en el curso de esta semana, a las dos ex directivas.

Con respecto a la enfermera detenida, la ampliación de la acusación de “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso, en grado de tentativa”, está relacionada a los bebés que también fueron inoculados intencionalmente con sustancias tóxicas y sobrevivieron que, en principio, son ocho.

La abogada Daniela Morales Leanza, representante legal de una de las mamás de una beba sobreviviente, nacida el 6 de junio de este año, manifestó a Télam que María es una de las que solicitó la ampliación de la acusación contra la enfermera.

“Nosotros somos parte querellante y solicitamos la ampliación de la tentativa de homicidio para la enfermera”, sostuvo la abogada, y agregó que ya aportaron elementos documentales probatorios para “acreditar esa hipótesis”.

En ese contexto, dijo que entre las pruebas documentales presentadas se encuentran análisis que “confirman la inoculación intencional de potasio” que, según dijo, le dejó secuelas a la beba.

Indicó que desde entonces está siendo sometida a un “tratamiento de fisioterapia y dermatológico por pinchazos en la espalda que luego se transformaron en hematomas y después en necrosis” de la piel.

“La mamá llevó un embarazo controlado y su beba nació sana. Al nacer la llevaron a control y después la devuelven con pinchazos, luego viene la descompensación”, manifestó.

El caso

La investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.

De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.

Los informes periciales preliminares determinaron que la muerte de dos bebés, nacidos el 6 de junio, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia” que fue causado por “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis.

El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, debió renunciar el 25 de agosto tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado el hecho ante la Justicia porque, según la investigación, en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y solamente se había iniciado un sumario administrativo interno.

En su lugar asumió Gabriela Barbás, quien estaba al frente de la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de esa cartera.

En una causa conexa, la justicia investiga si algún funcionario judicial también había sido notificado sobre las muertes sospechosas de los bebés y no actuó al respecto.