El proyecto, sancionado el 22 de agosto, implicaba una recomposición salarial, un aumento presupuestario y la asignación prioritaria de insumos críticos durante un año. Durante la sesión en el Senado, la iniciativa había logrado reunir 62 votos a favor y ocho en contra.

Este jueves a la madrugada se oficializó el veto mediante la publicación del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial. “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”, dictaminó el segundo artículo del decreto, tras revisarse la totalidad del texto.

Desde el Gobierno argumentaron que “el proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, señalando que faltaba una delimitación para comprender que abarcaría a las “funciones críticas” mencionadas en la iniciativa.

Asimismo, remarcaron que la implementación de una ley de este estilo “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”.

En relación a las distorsiones salariales, las autoridades consideraron que el personal pediátrico quedaría por encima del resto de los trabajadores del sistema sanitario, generando una brecha en el sector. También indicaron que las actualizaciones no solo afectarían los fondos nacionales, sino que impactarían negativamente en las arcas de los gobiernos provinciales.

El Ejecutivo objetó además el artículo que proponía una exención en el pago de Ganancias, argumentando que implicaría que una suma de $115.030.000.000 dejaría de ingresar al Tesoro Nacional, y criticó que el gasto público necesario para solventar la ley tuviera que ser reasignado de la partida presupuestaria actual del Ministerio de Salud de la Nación.

Previo a la oficialización del veto, el Gobierno había señalado su rechazo a la iniciativa debido al impacto fiscal que representaría. Una fuente cercana a Casa Rosada anticipó que la ley de emergencia pediátrica sería vetada. “Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”, indicó uno de los integrantes del círculo íntimo presidencial, en referencia a los $65.573 millones que estimaba la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que tendría que desembolsar el Tesoro Nacional.

Desde Balcarce 50 también hicieron mención a los posibles vetos sobre la Ley de Financiamiento Universitario y la norma que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aunque esta última medida aún no está confirmada.

Hasta el momento, la ley que promovía un incremento en la asignación de recursos para las universidades nacionales fue la primera en ser vetada por el Presidente. Pasadas las 19:00 horas del miércoles, se confirmó la anulación y la devolución del documento al Congreso.

La declaración de emergencia sanitaria se había consolidado como una de las victorias de la oposición en el Palacio Legislativo, surgida en respuesta al reclamo sostenido por los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes realizaron movilizaciones exigiendo la sanción de la ley de emergencia pediátrica y la recomposición salarial.

El proyecto buscaba implementar una “asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”, garantizando el tratamiento de los pacientes y la calidad de los servicios.

En cuanto a los salarios, la normativa establecía la recomposición inmediata del personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, atendiendo a la población pediátrica, incluyendo a residentes nacionales de todas las especialidades que trabajen en efectores pediátricos y no pediátricos. La actualización de los haberes no podía ser inferior a la percibida en términos reales en noviembre de 2023, sirviendo de piso para los ajustes.

Otra medida destacada era la eximición del pago de Ganancias para todo el personal de salud que realice actividades críticas, guardias o horas extras en efectores públicos y privados, reconociendo así el esfuerzo adicional del personal esencial del sistema pediátrico.

Finalmente, como símbolo del reclamo, el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan había sido declarado hospital de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad, consolidando su rol central en la red de salud infantil del país.