Por Verónica Benaim, corresponsal en Capital Federal.

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley presentado por el senador neuquino, Oscar Parrilli, que propone investigar la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa agroexportadora Vicentin en tiempos del gobierno de Mauricio Macri.

El proyecto obtuvo 41 votos afirmativos del Frente de todos y monobloques provinciales aliados, y 29 en contra del espacio opositor Juntos por el Cambio que esta vez decidió no abandonar el rento “virtual”, como lo hicieron las últimas sesiones de manera remota y a distancia.

Durante el debate de la iniciativa, que tuvo 22 oradores, los senadores de la provincia Matías Rodríguez (FDT) y Pablo Blanco (JXC) se pararon en las veredas opuestas respecto al tema. El senador camporista defendió la creación de la comisión investigadora, mientras que el radical cuestionó la intencionalidad de la misma.

Al momento de su exposición, Rodríguez resaltó que la deuda de Vicentin con el Banco Nación es de $ 18.162 millones, "Cómo no va a tener que ver con la pandemia, ya que este monto equivale a todos los créditos que se dieron a monotributistas y autónomos a tasa cero".

El legislador que sesiona desde el municipio de Ushuaia, comentó: “Hace minutos hablaba con el intendente –por Walter Vuoto- y me decía que “ese monto equivalía a 600 veces el polo sanitario que tuvo que hacer por la situación de la pandemia, cómo no va a tener con la pandemia. Asimismo, señaló que “desde abril de 2019 se otorgaron 107 créditos, después de la derrota de Mauricio Macri, que esta empresa fue uno de las principales aportantes de su campaña, se entregaron 72 solamente en noviembre. Los créditos se otorgaban diariamente, sin ningún tipo de control. La empresa ya estaba en cesación de pagos".

A su turno, Blanco apuntó directo a su par provincial: “Hablaba el senador preopinante de mi provincia diciendo que tenemos miedo de investigar, bajo ningún punto de vista es así, creo que nosotros vamos a ser un país serio y responsable cuando aprendamos a respetar las normas, cuando tengamos un presidente de la Nación que no menoscabe a un juez”.

“El presidente de la Nación tiene que ser el más humilde y saber respetar la división de poderes, acá uno no viene a defender a la empresa Vicentin, yo opinaría en idéntico sentido, se llame Vicentin, Hotesur o Austral Construcciones, hay división de poderes, la situación de Vicentin se está analizando en la justicia sobre un concurso de acreedores. Tienen dudas sobre el funcionamiento que tuvo el Banco Nación, el Banco Central de la República Argentina y la AFIP, las autoridades actuales son oficialistas, no tienen ningún argumento para decir que no pueden acceder a toda la información que corresponde”, agregó el representante fueguino.

Al finalizar su discurso, volvió a confrontar con Rodríguez y haciendo uso de sus años en el Banco del Territorio de Tierra del Fuego sentenció: “El senador de mi provincia dijo que había créditos día por día. Yo le pediría con todo respeto que analice lo que son los créditos de pre financiación de exportaciones y entonces se va a dar cuenta de que esa es la mecánica que utilizaba el Banco Nación con esta empresa y que son créditos que están atados a las exportaciones por lo que salen todos los días”.

El proyecto de Parrilli fue presentado en abril. Fue luego de la denuncia penal por posible defraudación al Estado presentada contra Vicentin y las autoridades del Banco Nación, la entidad que otorgó los multimillonarios créditos, durante el gobierno de Mauricio Macri. La denuncia fue impulsada por Claudio Lozano que actualmente forma parte del directorio del Banco.

La comisión especial deberá estar integrada por seis senadores y seis diputados, que serán designados de acuerdo al reglamento de cada cámara. Tendrán un plazo de trabajo de 18 meses, contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva. El tiempo podrá ser prorrogado por única vez por 6 meses por decisión de la mayoría de los miembros de la comisión.

Convenio 190 OIT

El Senado también aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. El convenio define como “violencia y acoso” a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. La iniciativa que no fue respaldada por Juntos por el Cambio, que no participó del debate por considerar que no era un tema relacionado con la pandemia por coronavirus giró a Diputados.

La senadora fueguina, Eugenia Duré (FDT) destacó en el recinto: "Damos un paso fundamental en la lucha contra la violencia hacia mujeres y diversidades en el ámbito laboral" al tiempo que celebró el compromiso asumido del presidente Alberto Fernández "por enviar este Convenio al Congreso, dando muestra de que tenemos un Gobierno Nacional con perspectiva de género transversal en las políticas públicas llevadas adelante".