“Que las trabajadoras de casas particulares estén dentro del bono es parte de la jerarquización del sector por la que apuesta este Gobierno. Es importante destacar que las familias que ganan por debajo del impuesto a las ganancias podrán reintegrar el 50 % de ese bono”, afirmó la subsecretaria de Políticas de Igualdad del MMGyD, Lucía Cirmi Obón.

La medida, que también alcanza a trabajadoras del sector privado, pymes y titulares del Potenciar Trabajo, fue confirmada por el Decreto 841/2022 publicado en el Boletín Oficial. El beneficio influye a trabajadoras del régimen general, ya sea dentro o fuera de un Convenio Colectivo de Trabajo; personal de la construcción; agrarias; y empleadas del servicio doméstico.

El monto del bono es de $ 24.000 para aquellas que tienen remuneraciones netas hasta $ 161.859. Al momento de la liquidación se debe considerar el devengado al mes de diciembre de 2022. Asimismo, se informó que para trabajadoras de tiempo parcial, el pago será proporcional a la carga horaria.

Por otro lado, la medida otorga un beneficio a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que cuenten con Certificado MiPyME vigente, quienes podrán reducir los anticipos del impuesto a las ganancias hasta el 50 % del bono. A las empleadoras de casa particulares se les permitirá deducir esta asignación de ganancias. Quienes no estuvieran alcanzados por el tributo podrán solicitar el reintegro hasta el 50 % del pago realizado. En ambos casos se requerirá que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realice la regulación correspondiente.

El Programa Registradas fue creado junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género. El objetivo principal del programa es reducir la informalidad en el sector de trabajadoras de casas particulares, garantizar su acceso y permanencia a un empleo registrado e incentivar su bancarización.

La implementación de políticas públicas con perspectiva de género y diversidad para promover el acceso a derechos de mujeres y LGBTI+ requiere de un Estado presente y cercano. Con este horizonte, se vuelve imprescindible desarrollar políticas públicas que consideren las realidades que atraviesan y reduzcan las desigualdades de género. Este es el camino para construir y alcanzar sociedades más justas e igualitarias para todos.