Las prácticas (delitos) habituales de empresarios o dueños de actividades comerciales en la Argentina –tener empleados en negro, contrabandear mercaderías, prestar un servicio que no se condice con el declarado– ya ocurren en un rubro novedoso: las granjas de minería de criptomonedas. Un fenómeno que, en palabras de los propios agentes recaudadores, se convirtió en la nueva matriz de riesgo del Tesoro nacional.

En el último mes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó los primeros operativos en granjas clandestinas de criptomonedas de toda su historia. El allanamiento inaugural ocurrió en la ciudad de San Juan, cuando los inspectores descubrieron equipos de minería ocultos dentro de una cámara equipada para refrigeración de frutas, o al menos eso era lo que pretendía aparentar. Al evasor también le encontraron una billetera virtual para la comercialización de las monedas virtuales. Después siguieron procedimientos en granjas clandestinas de Córdoba y Esperanza, en Santa Fe. Pero, ¿de qué se trata esta actividad ilegal que se expande por todo el país?

«La minería es el nombre que se le da a la actividad de validar transacciones de distintas criptomonedas, y básicamente consiste en resolver un acertijo matemático hipercomplejo que sólo se puede hacer a través de iteración y fuerza computacional. El minero que responda primero a ese acertijo se lleva de recompensa la criptomoneda en cuestión», explica Ignacio Carballo, docente, investigador y head of crypto & alternative finance en Americas Market Intelligence.

«Esta actividad –continúa– consume mucho recurso energético porque a medida que se va aportando más fuerza a la red e ingresan computadores más potentes, el acertijo se vuelve más complejo. Más difícil el acertijo, más energía se necesita».

Ese consumo eléctrico exagerado es, justamente, uno de los rastros más firmes que lleva a los investigadores a detectar la actividad ilegal. «Así comienza un cruce de información con las bases de datos y, por ejemplo, puede surgir que en los últimos meses la misma persona ha importado algunos de los hardware que suelen usarse para la minería de criptomonedas. Con esos datos ya es válido proceder con la fiscalización en el lugar», explica un experimentado agente.

Boom

A medida que el fenómeno «cripto» fue evolucionando y el mercado se volvió más competitivo, la granja se hizo tendencia. «Puede ser un hangar, un local o un galpón lleno de computadoras que están 24 por siete por 365 minando, es decir, están participando en red para resolver este acertijo matemático. Como hoy existen granjas, ni vos ni yo podemos competir contra esa fuerza computacional a través de nuestras computadoras. ¿Qué podemos hacer?: unirnos a un pool de minería. En definitiva, lo que se busca es armar conjuntos de computadoras que generen ganancias con criptomonedas aportando fuerza a la red y validación», dice Carballo.

En la Argentina no es un negocio ilegal por la simple razón de no estar sujeto a ninguna norma. El ilícito se comete cuando se utilizan servidores y todo el hardware minero en un establecimiento declarado para otra actividad: una pantalla. «La minería de criptomonedas es una actividad económica como cualquier otra. Alguien podría decir que no sabía que era ilegal minarlas en el garaje y yo lo podría creer. Lo que no es aceptable es ingresar una placa de video de contrabando, no declarar los activos que generás, tener a pibes trabajando en negro. Aunque sea una actividad novedosa, los delitos que se cometen están todos tipificados y son conocidos. Para nosotros es lo mismo una granja de criptomonedas, un maxiquiosco o un taller textil clandestino. Si caemos y encontramos irregularidades, damos intervención a la justicia. Por el momento no ha habido detenidos, pero sí varias denuncias penales», detalla el agente.

Desde la AFIP insisten en que desde el arribo de Carlos Castagneto a la dirección del organismo, «se modificó la matriz de riesgo» y la lupa recayó sobre el negocio de moda. «Los empresarios –concluye la fuente– tienen que pagar sus impuestos y desarrollar su actividad de manera legal. Nosotros no queremos meter preso a nadie, sino recaudar para que el Tesoro pueda llevar adelante las políticas públicas que necesitamos. Si eso fuera poco, los controles a las granjas de criptomonedas nos permiten, además, combatir el excesivo consumo eléctrico en un momento en que el país necesita cuidar todos sus recursos».