Uno de los abogados de la familia de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada el 28 de diciembre de 2014 en la playa uruguaya de Barra de Valizas, dijo hoy que el octavo aniversario del crimen es «bien distinto» a los anteriores porque sus padres sienten la «tranquilidad» de que detuvieron al presunto «autor material» del femicidio a partir de un cotejo de ADN «fundamental».

Una coartada «totalmente desvirtuada»

Así se refirió el abogado a la detención de Leonardo David Sena (39), alias «El Panadero», la cual se produjo el 19 de mayo de este año en el departamento de Rocha luego de que se cotejó su perfil genético con el ADN hallado en las pertenencias que llevaba la adolescente al momento de ser asesinada.

«Y a partir de la forma en la que estaba mezclada la sangre de Sena podemos concluir, sin demasiados inconvenientes, que él fue el autor material«, remarcó el letrado, quien consideró que dicha prueba científica es «fundamental, casi determinante».

«Por eso es un aniversario especial, bien distinto. Y si bien él no confesó, dio una versión inverosímil de cómo su sangre llegó hasta ahí. Su coartada fue totalmente desvirtuada. No hay forma de corroborarla. Nadie lo pudo hacer», continuó Willman.

Es que, al momento de declarar ante la justicia, Sena dijo ser inocente y explicó que el día del crimen él se cortó con una botella de vidrio mientras trabajaba en un supermercado de Valizas, que después se fue a la playa a tomar unos mates y en esas circunstancias fue cuando encontró tirada la mochila de la víctima y al manipularla la manchó con la sangre producto de esa herida.

Sin embargo, al menos dos testigos declararon luego respecto de esa versión y negaron el incidente del corte con la botella. De todos modos, el letrado dijo que «se sigue la investigación para descartar la participación de terceras personas».

Falta de pruebas

A su vez, Willman recordó que la absolución del primer imputado que tuvo la causa, Ángel Moreira (36), alias «El Cachila», está «en estudio ante el Tribunal de Apelaciones» de Rocha, dado que la fiscal Jéssica Pereira había pedido que sea condenado a 10 años de prisión por el «encubrimiento», por lo que están a la «espera» de esa resolución.

Moreira estuvo preso tres años y medio, y recuperó la libertad el 20 de junio pasado, luego de que el juez letrado del 1er.Turno de Rocha, Juan Giménez Vera, lo absolvió por falta de pruebas.

El mismo magistrado fue quien procesó a Sena por «homicidio especialmente agravado» basándose en que el cotejo de ADN se pudo determinar que este hombre fue «quien depositó su material genético en la escena del hecho, es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino».

En tanto, como el crimen de Lola se cometió antes de la última reforma judicial llevada a cabo en Uruguay, se trata de un procedimiento escrito en el que no hay juicio oral y solo la fiscalía puede pedir condena para Sena. «Esperemos que cuando se haga esa acusación estén la mayor cantidad de elementos posibles», añadió Willman.

El caso

Lola (14) viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.

Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.

Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Para la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.

«El Cachila» fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo apresó como encubridor al concluir que «estuvo presente antes, durante y después del homicidio» de la adolescente.

Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así llegaron a un familiar de Sena y, por ende, a él.