Bajo esta premisa, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, junto con el asesor presidencial Santiago Caputo, trabajan en los detalles del proyecto, denominado Igualdad ante la Ley. Este busca suprimir normativas que consideran generadoras de “tratos diferenciales ante la ley”.

Entre las leyes que el Ejecutivo apunta a derogar se encuentran la Ley de Identidad de Género (N.º 26.743), ciertos apartados de la Ley Micaela (N.º 27.499), el DNI no binario implementado mediante el Decreto 476/2021, la Ley de Cupo Laboral Trans (N.º 27.636) y la Ley de Paridad Electoral (N.º 27.412). Inicialmente, también se había planteado incluir la eliminación del cupo laboral para personas con discapacidad (Ley N.º 22.431), pero esta posibilidad fue descartada.

A finales de noviembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la iniciativa sin profundizar en los detalles del proyecto. En su cuenta en X (anteriormente Twitter), escribió: “Argentina no admite prerrogativas de sangre, nacimiento o religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por eso, el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que permita el ingreso a empleos públicos bajo criterios que no sean estrictamente los de idoneidad. Fin”.

El proyecto también incluye la eliminación de la tipificación de femicidio, establecida como agravante en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal tras la sanción de la Ley 26.791 en 2012. Esta decisión ha generado polémica, especialmente considerando las alarmantes estadísticas: en 2024 se registraron 255 femicidios, lo que equivale a que una mujer es asesinada por razones de género cada 29 horas.

Desde el oficialismo, justificaron la medida señalando que “es absurdo que haya una pena mayor por un homicidio contra una mujer que contra un hombre”. Estas declaraciones surgieron luego de que Javier Milei afirmara que las feministas “no se quejan de que la mayoría de presos, plomeros y muertos en guerras son hombres”.

Sin embargo, desde el entorno presidencial aseguraron que el paquete legislativo no incluirá la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (N.º 27.610) ni de la Ley de Matrimonio Igualitario (N.º 26.618), ambas consideradas logros significativos en términos de derechos civiles.