La publicación ayer del staff report del Fondo Monetario, en el que el organismo consideró el programa aplicado como “firmemente encaminado” fue, en la práctica, el cierre de una etapa y de un acuerdo en el que, por primera vez desde que se firmó hace más de dos años, las metas se cumplieron al pie de la letra. Curiosamente, no está claro que eso pudiera repetirse en septiembre, cuando deberían aprobarse las metas del segundo trimestre de este año entre las que se cuenta la eliminación del “dólar blend”. El Gobierno dejó en claro que eso no ocurrirá a fin de mes como en principio estaba comprometido y, en la práctica, eso dejará de importar.

Para esa fecha, se asume, la Argentina contará con un nuevo acuerdo con el Fondo, en el que la eliminación del “esquema preferencial de tipo de cambio para los exportadores” según la definición del FMI del régimen 80/20 para la liquidación de divisas, será una anécdota. Es que en ese acuerdo, el objetivo central será la eliminación de todas las distorsiones del mercado cambiario. En otras palabras, el levantamiento del cepo o, también, la unificación del dólar será el corazón del nuevo entendimiento en el que existen dos obstáculos complejos de sortear, incluso para este Gobierno, mucho más alineado con los objetivo de mediano y largo plazo que exige el FMI aunque no tanto con sus métodos.

El primero de ellos es de competencia exclusiva de la gestión económica y recae enteramente sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, y su alter ego en la presidencia del Banco Central, Santiago Bausili. El titular de la autoridad monetaria había anticipado el jueves a última hora, apenas concretado el desembolso del Fondo Monetario, lo que sobrevendría a partir de ahora en esa negociación. Al final de un documento de 6 páginas publicado por el Banco Central sobre la aprobación de la 8° revisión de metas, en el último párrafo, de pocas líneas y bajo el título “Eliminación de controles cambiarios”, se lee: “El BCRA contempla avanzar en la liberación de controles cambiarios y en una mayor flexibilidad cambiaria siempre y cuando estas medidas no impliquen riesgos excesivos para el proceso de reducción de la inflación y fortalecimiento de su hoja de balance, tal como se refleja en el Acuerdo. El proceso lo definirán las propias autoridades de Argentina contemplando la evolución de las variables económicas relevantes, quienes compartirán con el FMI los parámetros que serán monitoreados, sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas”.

A las puertas de un fin de semana extra large, no fue hasta ayer cuando se conoció el documento que insiste en la eliminación del dólar blend hacia fin de junio que esa publicación de Bausili cobró sentido.

Sin embargo, esa postura tan independentista puede no ser tan fácil de sostener: para levantar el cepo, el Gobierno busca fondos frescos. El ex responsable del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo y ex auditor de las cuentas argentinas, Alejandro Werner, calculó ayer que puede llegar a obtener hasta USD 10.000 millones. La puja, eventualmente, será cómo, cuándo, para qué y por qué se podrá disponer de esos fondos. Se trata, en definitiva, de un nuevo capítulo de una pelea que Caputo ya sostuvo (y perdió) en 2018 cuando el FMI se negó a que el dinero prestado se utilizara en el mercado cambiario para estabilizar el dólar. Caputo desobedeció y fue sucedido por Guido Sandleris. Desde ese momento hasta hoy, el FMI revisó su posición al respecto, pero eso no implica que le dará al libre albedrío a Caputo respecto a la utilización de la eventual “new money”. Será -así lo admiten en el Gobierno- uno de los puntos más ríspidos de la negociación.

La segunda complejidad en la negociación puede definirse como una “externalidad” a la voluntad del Gobierno. El indudable compromiso de Javier Milei para con el superávit fiscal puede no ser suficiente para garantizar el orden de las cuentas públicas y de la calle a la vez.

No es un temor nuevo: el FMI, igual que toda la política argentina, mira con sorpresa los resultados de las encuestas que siguen dando buenos números de aprobación e imagen para el Presidente a pesar del fortísimo ajuste fiscal. Sin embargo, en el mismo Congreso en donde se aprobó finalmente la Ley Bases, avanzan a paso firme iniciativas que pueden torcer el rumbo a la baja del gasto público. La nueva fórmula de movilidad jubilatoria y el proyecto para garantizar el financiamiento educativo, ambos proyectos con alto costo fiscal y, sobre todo, político si se vetan o rechazan, amenazan los números oficiales. El Fondo, igual que los inversores, fueron los primeros en tomar nota. El tema se monta sobre uno más urgente: la exigencia del organismo de que el Gobierno logre recuperar el capítulo para reinsertar Ganancias a la cuarta categoría, único camino posible -o el más razonable- para encaminar la reducción del impuesto PAIS y mostrar que la salida del cepo es una realidad más bien lejana, pero posible.