El planteo aparece tanto en el reciente informe de 138 páginas publicado el 7 de abril por el Staff Técnico del FMI, como en el apartado “El sistema tributario argentino y consideraciones sobre su reforma”, donde se describen los ejes de una reforma tributaria que debería implementar el gobierno nacional.

“La alta dependencia de impuestos indirectos, que representan más de la mitad de todos los impuestos, reduce la progresividad, y exenciones fiscales (incluso para apoyar regiones como Tierra del Fuego) contribuyen a las inequidades”, advierte el informe en su página 40.

El FMI considera que el régimen fueguino es parte de un esquema “excesivamente complejo y distorsionador”, en el que “la carga general obstaculiza el crecimiento y la competitividad”. En ese sentido, sostiene que “la dependencia de impuestos distorsionantes es especialmente alta” y que “estos últimos afectan negativamente la competitividad externa, la profundización financiera y el coste total de las actividades empresariales”.

El organismo también cuestiona que “hay más de 155 impuestos que aumentan la carga administrativa, aunque solo seis de ellos representan más del 80 por ciento de los ingresos fiscales totales”.

Asimismo, advierte que “la naturaleza federal del sistema tributario agrava los desafíos de coordinación, socavando su previsibilidad y eficiencia”, y que “los tres niveles de gobierno —federal, provincial y municipal— pueden establecer, regular y aplicar impuestos”.

En el documento, el FMI insiste en que el “gasto tributario” —que representa un 3,5% del PBI— “debe ser recortado” y reclama “armonización de alícuotas” para evitar lo que define como “inequidades” entre sectores o regiones. En este marco, vuelve a poner en discusión el esquema de beneficios de la Ley 19.640, que desde hace más de cuatro décadas promueve la producción industrial en la provincia.

El punto más crítico se encuentra en el Box 7 del informe, donde se afirma que “las exenciones fiscales, incluyendo las que benefician a regiones como Tierra del Fuego, contribuyen a las inequidades”.

Lo que genera especial preocupación es que el gobierno nacional, alineado con el FMI en términos de política económica, no ha dado señales de estar dispuesto a defender el régimen fueguino. Desde la provincia alertan sobre el impacto que podría tener esta reforma, en un contexto de apertura comercial, suba del dólar oficial y un discurso de ajuste fiscal sin matices.

La falta de reconocimiento a las condiciones estructurales de Tierra del Fuego —como la insularidad, la aerodependencia y la distancia a los centros de consumo— refuerzan la percepción de que el FMI no contempla el valor estratégico y social del régimen, más allá de la lógica fiscalista.