Pese a que en la última sesión, el oficialismo logró que Juntos por el Cambio cambiara su posición y se abstuviera para lograr la aprobación de la prórroga de la ley de fomento a las Industrias Culturales, hay una serie de proyectos con los que la oposición se niega a avanzar.

Son varias las iniciativas que no tendrán una vía de escape rápida para su tratamiento en el recinto, y que requerirán de una compleja ingeniería de negociación para destrabarlos.

Fondo para pagarle al FMI con dólares de la fuga

El proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado apunta a formar un fideicomiso en base a aportes de los evasores, a quienes se les ofrece la posibilidad de formalizar esos capitales ocultos a cambio de una multa del 20% de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los seis meses de la puesta en vigencia de la ley, la sanción pasa a ser del 35%.

Juntos por el Cambio, que no votó la iniciativa en el Senado, sostiene que se trata de un “blanqueo encubierto”.

Para alcanzar los 129 votos, el oficialismo deberá sumar 11 voluntades adicionales en el caso de que la totalidad de sus representantes en la Cámara baja estén presentes en la sesión y voten alineados.

La cuenta no parece fácil. Aspiran a conseguir los votos de los diputados rionegrinos Luis Di Giácomo y Domingo del bloque Juntos Somos Río Negro, pero hay dudas sobre lo que harían los habituales aliados del Frente de la Concordia Diego Sartori y Carlos Fernández, ya que en el Senado se ausentó a la sesión la senadora del mismo espacio político Magdalena Solari Quintana.

Pese a la impronta "antifuga" que coincide con el relato de la izquierda, los diputados del FIT no acompañarían la iniciativa oficialista porque consideran que al aprobar ese proyecto se estaría convalidando el acuerdo con el FMI, que consideran "ilegal" a raíz de una deuda de origen contraída por Macri que también tildan de "ilegal".

Renta inesperada

El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, abandonó la Casa Rosada el jueves pasado con la instrucción de activar esta misma semana (corta por el feriado de este lunes) el debate de la ley para gravar la Renta Inesperada.

En el entorno del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, dejaron trascender su poco entusiasmo con apurar este tratamiento, al advertir que no están asegurados los votos. Juntos por el Cambio y la derecha liberal ya anunciaron que se negarán a votar nuevos impuestos.

El interbloque Federal, que lidera el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez y que integra Graciela Camaño, tiene la llave para aprobar o rechazar la media sanción. En tanto, el Frente de Izquierda, con sus cuatro integrantes, reclama que se agreguen asignaciones específicas para garantizar que lo recaudado no va a ir a parar al pago de la deuda con el FMI.

El proyecto propone la modificación excepcional de la ley que regula el Impuesto a las Ganancias, sumando una alícuota adicional del 15% que se cobrará, por única vez, sobre aquellas actividades que hayan registrado una renta inesperada producto de la suba de los precios en el nuevo contexto internacional signado por la guerra entre Ucrania y Rusia.

Los sujetos alcanzados serán las empresas con Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a 1.000 millones de pesos y cuya Ganancia Neta Imponible haya crecido en términos reales y que cumplan con una de estas condiciones: margen de ganancia (ganancia contable sobre sus ingresos) en 2022 superior al 10%; y aumento del margen de ganancia en 2022 en relación al 2021 de al menos 20%.

Compre Argentino

Otro dolor de cabeza para el oficialismo es la ley de Compre Argentino, que se encuentra paralizado por el "empate" de fuerzas entre el Frente de Todos y la oposición. Se trata de un proyecto que tiene dictamen de mayoría del Frente de Todos, pero que la oposición rechaza al señalar que el sistema propuesto habilita "sobreprecios" en las compras públicas del Estado. La llaman "Compre Caro" porque sostienen que encarece el producto o servicio que contrata el Estado.

Esta iniciativa iba a ser incluida en la sesión del miércoles pasado junto al proyecto de "alivio fiscal" para monotributistas y autónomos, pero no hubo acuerdo y el oficialismo priorizó garantizar el quórum y no poner en riesgo el resto del temario.

La propuesta prevé la ampliación de los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas del Estado. El proyecto apunta a que el Estado pueda elegir como proveedora a una empresa nacional a pesar de que los precios ofertados se excedan hasta un determinado tope a las propuestas que puedan realizar compañías extranjeras.

Se contempla elevar del 15% al 20% los márgenes de preferencia para mipymes, del 8 al 15% para el resto de las empresas argentinas grandes, y también se incorpora un 12% para empresas extranjeras que estén integradas por capitales nacionales.

Por otra parte, la iniciativa del Poder Ejecutivo establece un margen adicional de 3% para empresas con composición mayoritaria de mujeres u otras identidades no binarias.

Consejo de la Magistratura

La reforma del Consejo de la Magistratura, encargado de evaluar, seleccionar y eventualmente remover jueces es otra piedra en el zapato para el Frente de Todos y para el Gobierno nacional. A pesar de que ya cuenta con media sanción del Senado, el asunto continúa trabado en la Cámara baja porque el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para aprobarlo en el recinto.

Por lo pronto, contaría con la ayuda de los dos diputados de Juntos Somos Río Negro, a juzgar por la adhesión en el Senado del legislador del mismo partido provincial Alberto Weretilneck. El resto de los votos faltantes es un enigma.

El proyecto oficialista propone una composición del cuerpo con 17 integrantes, con paridad de género y excluye a miembros de la Corte Suprema.

Prevé además la creación de cuatro regiones federales (AMBA, Norte, Centro y Sur), y cada una de ellas tendrá un representante abogado y otro representante juez en el Consejo de la Magistratura. El resto de los miembros provendrían del Congreso (6 integrantes), del ámbito académico/universitario (dos representantes) y uno designado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Desde la principal coalición opositora no acompañarán el proyecto oficialista, ya que excluye a la Corte Suprema de la presidencia del órgano. Hay un tercer dictamen, el de Graciela Camaño, que podría servir como solución salomónica porque plantea que la Corte debe tener un lugar en el Consejo pero que su presidente, en la atualidad Horacio Rosatti, no puede ser su titular.