El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar el jueves próximo en el dictamen de un proyecto unificado que asegure la protección y el uso racional de los humedales, mientras la Comisión de Agricultura convocó para este martes a una reunión con la presencia de especialistas.

La decisión se adoptó el jueves pasado, tras un extenso debate en un plenario de comisiones de Recursos Naturales que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos); Presupuesto, a cargo de Carlos Heller (Frente de Todos) y de Agricultura, en manos del radical formoseño Ricardo Buryaile.

Tras varias horas de debate, Grosso anunció la decisión de los diputados de pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 10 para la firma el dictamen de mayoría "sin la presencia de invitados", como había reclamado la oposición.

Por su parte, Buryaile llamó para esta martes a las 15 a una reunión de la comisión de Agricultura con la presencia de especialistas para que expongan sobre la problemática, más allá de la convocatoria al plenario del jueves,

El debate se desarrolla en el marco de un fuerte reclamo de organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados que se concentraron frente al Congreso en reclamo de la sanción de la ley.

Al abrir el debate, Grosso, firmante junto con organizaciones del proyecto que reúne más consensos, destacó la importancia de avanzar en la ley al sostener que "el 56 por ciento de los humedales de América Latina esta destruido" y dijo que "los representantes del pueblo debemos asumir la responsabilidad que tenemos".

En tanto, Buryaile consideró "una irresponsabilidad legislativa tratar esto a libro cerrado y a tontas y a locas" y dijo que "los representantes del pueblo tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo", al señalar que "las leyes se tratan, no se despachan", al cuestionar el apuro del oficialismo en avanzar con el dictamen.

Para la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, "estamos frente al debate más trascendental" y consideró que "es más importante que el Presupuesto".

"Es un tema estratégico, el presupuesto es coyuntural", remarcó la legisladora, al sostener que "un 30 por ciento de los argentinos sufre el proceso de desertificación que genera desequilibrio ambiental que afecta la calidad de vida de las personas".

La intención del oficialismo es continuar esta semana con las conversaciones con bloques opositores para arribar a un consenso entre al menos una decena de iniciativas que buscan establecer un régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales.

Hasta el momento, el Frente de Todos cuenta con el respaldo tanto del Interbloque Federal como del Frente de Izquierda y buscará sumar a otros sectores de la oposición para que la iniciativa llegue al recinto con mayores consensos.

La mayoría de los proyectos realizan una definición de los humedales y proponen un inventario nacional, una suerte de mapa para que cada provincia precise las ubicaciones de estos espacios y defina qué características tienen y qué funciones cumplen.

La demanda en torno a la sanción de esta ley volvió a cobrar fuerza a partir de la gravedad de los incendios forestales que afectan la zona del delta del Paraná, que recurrentemente dejan a Rosario y otras ciudades santafesinas aledañas cubiertas de humo, así como en las serranías de Traslasierra, en Córdoba, y en San Luis.

La decisión de avanzar en el debate fue acordada en la última sesión de la cámara baja, donde se avaló una propuesta del diputado del Socialismo, Enrique Estévez, para emplazar de manera urgente a las comisiones a debatir el texto que ya tuvo sanción de Diputados pero que perdió estado parlamentario.

La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero nunca pudo ser aprobada por la Cámara de Diputados.

En tanto, la Multisectorial Humedales (MH) calificó este lunes de “absolutamente falsas” las versiones que aseguran que la eventual sanción de la Ley contemple “el desalojo” de pobladores en las islas del río Paraná y "la prohibición de actividades productivas respetuosas del ecosistema”.

Al respecto, la MH informó que esas versiones provienen de “personas ligadas a la actividad agroganadera en humedales, la mayoría de las cuales no habita el territorio sino que lo utiliza como campo productivo”.