A cinco meses del cierre de la planta textil BARPLA y de la desvinculación de 32 operarios y nueve empleados de apoyo, un grupo de 16 exempleados mantiene abierta la demanda judicial para exigir el pago íntegro de sus indemnizaciones. “Pagó solo la mitad de la indemnización y seguimos reclamando la totalidad que nos corresponde por ley”, advirtió Germán Resquín, ex delegado gremial, en diálogo con FM Fuego.

Resquín relató que tras el cese de actividades en diciembre, la empresa propuso abonar el monto adeudado en cuotas—primero 12, luego nueve y finalmente siete—por un total que no guardaba relación con los años trabajados. “Ante la crisis, 16 compañeros aceptaron ese arreglo por miedo y presión. Nosotros decidimos seguir la pelea para que garanticen el 100% de lo que nos deben”, explicó.

Aunque BARPLA suspendió su producción amparada en la Ley 19.640 y luego cerró definitivamente, las instalaciones permanecen intactas: “Las máquinas están operativas, los depósitos repletos de materia prima –más de 120 contenedores– y la estructura lista para producir. Esto no es como otros cierres por quiebra; acá la plata está, pero no nos la dan”, señaló.

El reclamo ya fue presentado ante el Juzgado N° 1 de Río Grande y acompaña notas al gobernador, al Ministerio de Trabajo provincial y a legisladores. “Hicimos auditorías con contadores para acreditar el faltante. Ahora dependemos de la resolución judicial, pero también necesitamos que nuestros representantes sean solidarios y presionen para una solución”, pidió.

Resquín cuestionó la demora de la provincia en exigir el cumplimiento de los requisitos tras la auditoría que paralizó el sistema productivo: “El empresario se negó a cumplir y las autoridades no hicieron nada para evitar que los trabajadores quedáramos en la calle. No queremos más bolsas de mercadería: necesitamos trabajo o que, al menos, nos paguen lo que nos deben”.

Mientras esperan la definición judicial —que debe resolver la actualización y el 50% restante—, los extrabajadores reclaman un compromiso político que garantice sus derechos y contemplen la reapertura de la fábrica o el pago total de las indemnizaciones. “Podemos reactivar la producción, hay voluntad y recursos. Solo falta la decisión de quienes tienen el poder para hacerlo realidad”, concluyó Resquín.