Tras la investigación que se llevó adelante el por parte del IPV sobre irregularidades en el uso de las viviendas, FM Fuego dialogó con la Presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, Leticia Hernández.

En primer lugar, a raíz de lo que se suscitó con respecto a una vivienda de servicio otorgada al Ministerio de Obras Públicas a través de la señora Gabriela Castillo, aclaró que no es una denuncia, sino que “lo que hicimos es salir a aclarar la función de lo que es una vivienda de servicio”.

“Nosotros entregamos bajo la figura de un convenio de ocupación sin canon de uso que nos permite una resolución interna, la Nº 171, en la cual hay una decisión de hacer entrega de algunas viviendas de servicio a distintos ministerios” detalló y señaló que en el mes de febrero se inició una investigación por ciertas irregularidades “investigación que se va a anexar luego con un pedido de la fiscalía del Estado, que toma una denuncia de propios compañeros de Ushuaia por ciertas irregularidades de la gestión anterior”.

Acerca de la finalidad con que se entregan estas viviendas explicó que “se dan bajo un marco de buena fe para darle un espacio más a los distintos ministerios, descentralizar parte de sus servicios” y agregó “hay algunos ministerios que deciden hacer un uso en el que algún funcionario pueda usufructuar dichas casas de servicio, estos convenios le dan un periodo de uso hasta de 4 años, hay algunos ministerios que después deciden descentralizar y estar más cerca de ciertos barrios y poder dar servicio allí”.

En relación a la entrega de la vivienda al Ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriela Castillo, se le consultó si se solicita alguna explicación sobre la finalidad de esta vivienda y sostuvo “nosotros venimos a darle la posibilidad a los ministerios que más se pueda, la idea es tener un equilibrio, no solamente se le otorgó a ese ministerio, también a la Ministra de Educación y próximamente a la Ministra de Salud” y aclaró que “estas casas de servicio van caducando, tienen un periodo de gestión, son periodos que se le otorgan”.

De acuerdo al informe que se elaboró donde se presentan irregularidades de viviendas otorgadas durante la gestión anterior y que no fueron restituidas al Estado Provincial señaló “el convenio de estas 10 viviendas caducó en el mes de diciembre, cuando quisimos revalidar las viviendas nos encontramos con situaciones totalmente irregulares”.

Sobre la vivienda otorgada a una joven de 23 años mencionó “armaron un legajo en una semana pasando por alto la demanda general” y mencionó el caso de un ex funcionario de canal 13 con una situación semejante.

Acerca de los pasos a seguir que puede llevar adelante el Instituto Provincial de la Vivienda explicó “primeramente el pedido de desalojo, pero nos está atravesando la cuarentena, en la cual los desalojos están prohibidos y tenemos que enmarcarnos dentro de esto”. Y señaló que 5 viviendas son las que no fueron restituidas en la ciudad de Río Grande donde actualmente se encuentran residiendo familias y las mismas no están destinadas para dicha función “una casa de servicio no puede ser adjudicada, a no ser que haya una decisión del IPV, por ejemplo, de adjudicarla a un médico para alentar su labor”.

Destacó que “más allá de a quien se le haya otorgado es nuestra obligación hacer todos los pasos administrativos para la recuperación”. Sobre la situación actual de las casas dijo que “son familias, excepto el ex funcionario del canal y en las restantes se encuentran médicos”. “Y una vivienda era manejada por el Ministerio de Salud para aquellas mamás de Tolhuin que vienen a tener sus bebes en nuestra la ciudad” añadió.

Por otro lado, se le consultó respecto de lo que ocurrió en un edificio de Chacra XII, en Mariano Moreno y Laguna Don Bosco, donde vecinos denuncian varias fisuras y la explosión de un piso.

“Cuando me enteré me comunique con la comisaría 5º, deje mis datos para cualquier emergencia y al otro día que se presentaron del área técnica a hacer un relevamiento fotográfico y se convocó al ingeniero de la empresa que realizó el edificio para hacer un recorrido”. “Lo que se manifiesta es que cuando se colocó los pisos faltó la junta de dilatación lo cual implica el estallido del piso, no hay un riesgo de estructura en sí”. Explicó desde lo técnico que si bien hay fisuras en las paredes “es un sistema seco, no es parte del esqueleto como las columnas vigas o bases tiene que ver con cambios térmicos” y añadió “lo que provocó el susto de los vecinos es cuando estallo el cerámico del piso”

En cuanto a quién le corresponde hacerse cargo explicó “Hay 2 garantías en cualquier obra, una la garantía de la empresa con un periodo de 2 o 3 años y la otra de 10 años y un día cuando hay un problema estructural”. Respecto a este caso “una vez que tengamos los informes avalados por el profesional vamos a intervenir como instituto”.

Por último, se le consultó por la continuidad de los trabajos de las escaleras de emergencia en la zona de Chacra II que actualmente están paralizados y sostuvo “es algo heredado de la gestión anterior, primero tenemos que empaparnos del tema y volver a hacer un estudio estructural”.

“Lo que hicimos es convocar a los ingenieros de Ushuaia y se hizo un estudio edificio por edificio, en aquellos que están abiertos, para dar una respuesta más seria y concreta con mayor grado de responsabilidad y eso lleva un tiempo”. Agregó que hay escaleras que están mal planteadas, material que hay que mandar a buscar a Buenos Aires, tener en cuenta los temporales, el abandono de los edificios y comentó que la gente manifestó que “fue todo bajo presión”. “Hay que poner un manto de seriedad y técnico, las escaleras se van a hacer y terminar” concluyó.