Dos días después de que Federico Basualdo asuma como interventor del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y Federico Bernal lo haga como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para derogar los decretos de intervención. De esta forma, denuncian que "se excedió lo autorizado por el Congreso en la ley de emergencia" y que tiene "gruesos errores legales en su redacción".

Tanto Basualdo -sociólogo, investigador del Conicet y miembro de Flacso; como Bernal ,bioquímico y biotecnólogo, cuestionaron en su momento los aumentos de tarifas de electricidad y gas aplicados durante el gobierno anterior. 

Los diputados de Juntos por el Cambio presentaron el proyecto tras indicar que los decretos de intervención de los entes reguladores "están viciados por la arbitrariedad de las designaciones y suspensiones que pretende imponer, sin concurso de antecedentes y sin participación del Congreso".

La ley de Solidaridad, aprobada por el Congreso en diciembre, había facultado al Gobierno a intervenir los dos entes de control de la electricidad y el gas hasta fin de año. La explicación que dieron en el oficialismo para incluir este ítem en la ley es que se trató de un tema político: los entonces presidentes del ENRE y el Enargas, Andrés Chambouleyron y Mauricio Roitman, respectivamente, eran subsecretarios del exministro de Energía, Juan José Aranguren, cuando fueron designados por concurso para los cargos. Ambos tenían mandato hasta 2022, aunque Chambouleyron renunció en enero pasado.

En los decretos de intervención del ENRE y Enargas, que se publicaron el pasado martes 17, se estableció también la suspensión de las funciones de los directores sin goce de sueldo mientras dure la intervención (hasta el 31 de diciembre de 2020). Además, Basualdo y Bernal podrán revisar los concursos de los directores y, "en caso de que se resuelva su anulación, deberá iniciar el proceso de selección de quienes lo reemplazarán", como dicen los decretos.

"Como en tantos otros aspectos bajo el halo de la emergencia, lo que se buscaba era la discrecionalidad, designando funcionarios sin concurso y otorgándoles la facultad de anular concursos efectuados conforme a la ley", señala el texto del proyecto de ley de los diputados de Juntos por el Cambio.

"Está claro que los funcionarios 'temporalmente' privados de sus cargos, sin una clara definición respecto de la continuidad o no de las incompatibilidades que prevé la ley y con sus respectivos concursos librados al exclusivo arbitrio de los interventores, han sido colocados en una situación anómala y sin precedentes, alentando los respectivos reclamos, sobre la base de la inconstitucionalidad manifiesta de los decretos dictados en exceso de la propia normativa de emergencia que dicen reglamentar", dice el proyecto.