La mayoría de las víctimas eran personal policial que conocía a Nieva por su trabajo, o clientes que acudían al estudio jurídico VAN, en la calle Viedma, lo que, según el fiscal, generaba un clima de confianza en los afectados. Nieva habría utilizado incluso el estudio como garantía para sus operaciones.

En su declaración, Nieva de 33 años relató que llegó a la provincia en 2010, trabajando en fábrica hasta el 2014, cuando se graduó de abogado en la UCES de Río Grande. Posteriormente, ingresó a la Policía en el escalafón profesional, donde alcanzó el grado de Principal.

Durante su indagatoria, aseguró que actuó únicamente como "intermediario" entre personas que solicitaban préstamos y aquellos que tenían ahorros y buscaban invertirlos. Explicó que entre marzo y abril de 2023 perdió el control de la situación, lo que lo llevó a no poder cumplir con los pagos pactados.

Según Nieva, mientras estaba de licencia fuera de la provincia, en el estudio jurídico que compartían con los abogados Varisco y Amarrilla, se presentaron personas armadas, donde realizaron amenazas.

Por otro lado, asumió toda la responsabilidad por los hechos, descartando la participación de otras personas, incluyendo a colegas y familiares que inicialmente fueron investigados.

También negó haber hecho inversiones y afirmó no poseer el dinero, señalando: "No tengo el dinero y si observan, no vivía de una forma ostentosa". Según su relato, el dinero se distribuyó entre las partes implicadas, muchas de las cuales, según él, también forman parte de las denuncias.