Se trata de una causa que lleva más de dos años y siete meses, desde que en agosto de 2022, Kirstein, oriunda de Chaco, hizo pública su situación con un video en el que mostró su cuerpo y rostro desfigurados por los golpes que, según su denuncia, le había propinado su entonces pareja, Marcelo Guzmán. En ese momento, Guzmán se desempeñaba como Relator ante el Superior Tribunal de Justicia para el vocal Ernesto Löffler.

Según la denuncia, la agresión ocurrió durante una discusión en la que Kirstein terminó cayendo por las escaleras de la casa familiar. A raíz del escándalo, Guzmán fue apartado de su cargo, aunque actualmente solo se encuentra suspendido de sus funciones.

El proceso judicial avanzó y tenía fecha de juicio oral para 2026. Sin embargo, recientemente se conoció que existía un acuerdo privado entre Kirstein y Guzmán, firmado con el asesoramiento de abogados de ambas partes, el cual debía ser homologado o rechazado por la Fiscalía de Género.

Los argumentos del rechazo

Schapochnik finalmente desestimó el acuerdo, considerando que “no corresponde, en los términos esgrimidos, la resolución alternativa del conflicto a través de la reparación integral o conciliación, y que el acuerdo que se acompaña no resulta viable, ni favorable a los intereses de la víctima”.

Uno de los puntos clave señalados por la fiscalía es la ausencia de las representantes legales de la víctima, las abogadas Karina Echazú y Fabiana Ríos, en el proceso de firma del acuerdo. Además, se indicó que “no se apoya en cuestiones objetivas y concretas, que puedan ser siquiera consideradas con entidad suficiente para extinguir la acción penal”.

Asimismo, se cuestionó la propuesta económica de Guzmán, que consistía en el pago del 40% de los haberes retroactivos que eventualmente le adeudaría el Poder Judicial en caso de ser reincorporado a su puesto. Al respecto, la fiscalía remarcó que “se trata de un acuerdo sobre sumas de dinero que no se encuentran en el patrimonio actual, ni potencial, del imputado, ofrece dinero que no tiene, a una mujer que se encuentra atravesando necesidades económicas graves. A ver si me explico, no ofrece ni siquiera un bien que tenga valor en el mercado, ni sumas derivadas de algún derecho que lo asista”.

En la misma línea, se destacó que Guzmán no ha demostrado arrepentimiento ni una reflexión genuina sobre los hechos, señalando que “las circunstancias analizadas me eximen de profundizar en cuanto a la viabilidad de la reparación integral del daño en relación al contexto y la gravedad de los hechos, toda vez que las razones esgrimidas por la víctima – y que fueran debidamente escuchadas y atendidas –, como así también los términos del acuerdo impulsado por el imputado, no tienen entidad para que esta Fiscalía cese de impulsar la acción penal pública”.

Por otro lado, la fiscalía subrayó que “un acuerdo no puede sostenerse atado al incierto futuro laboral del imputado, dejando a la víctima dependiendo una vez más de la suerte de su agresor”.

Finalmente, se aclaró que la opinión de la víctima “no fue dejada de lado, sino que fue ponderada en un justo equilibrio con razones de política criminal”.

Por estas razones, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas resolvió rechazar el acuerdo y continuar con la acción penal pública.