Los imputados fueron procesados como supuestos coautores del delito de interrupción o entorpecimiento de las telecomunicaciones, previsto en el artículo 197 del Código Penal, que dispone que: “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida” y se le trabó, a cada uno de ellos, un embargo por la suma de quinientos mil pesos ($500.000).

Para adoptar esta decisión, la Sra. Jueza tuvo en consideración que los imputados fueron observados por personal policial en inmediaciones del lugar en que se encontraba el acceso a la fibra óptica instantes antes de que se verificase la interrupción del servicio y que, con motivo del registro vehicular realizado luego de la aprehensión de los sospechosos, entre sus pertenencias, fueron encontradas herramientas de corte, cuyos filos eran compatibles con el daño producido en el cableado y que, además, presentaban filamentos plásticos de similares características a los que componían la fibra dañada.

Además, a partir del análisis de las comunicaciones de los imputados, a los que se accedió mediante la pericia sobre los teléfonos celulares secuestrados y los movimientos financieros de las billeteras virtuales, aportados por la empresa Mercado Pago S.A., pudo establecerse que, si bien los imputados contaron con el auxilio económico de una agrupación política para trasladarse desde la provincia de Buenos Aires a la localidad de Tolhuin para participar de las protestas vinculadas con el radar de capitales extranjeros instalado en ese sector, no existió un plan organizado para cometer el delito investigado por personas ajenas al grupo conformado por los tres acusados.

En ese orden, solamente se verificaron comunicaciones en grupos de mensajería y/o redes sociales con expresiones propias de la militancia política y con instrucciones para la difusión de ideas mediante conversaciones con vecinos y/o entrega de panfletos informativos.

De esta manera, se descartó la hipótesis de que otras personas, distintas de los tres imputados, hubiesen participado en el daño materializado sobre la fibra óptica de la empresa Telefónica Móviles de Argentina como instigadores y/o financistas.