Según la causa, Transinland acopiaba pellets de polietileno de baja densidad a cielo abierto, sin medidas de seguridad, lo que habría provocado la dispersión del material por efecto del viento y la lluvia. Río Chico, propietaria de los pellets, es acusada de no haber tomado los recaudos necesarios durante el transporte y almacenamiento.

Un informe técnico elaborado por la Policía Provincial alertó sobre la peligrosidad de los microplásticos detectados, advirtiendo que estos pueden ser ingeridos por la fauna local y acumularse en la cadena alimentaria, lo que representa un riesgo para la salud humana y para el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Frente a esta situación, la Fiscalía dispuso nuevas medidas probatorias, entre ellas, análisis de laboratorio sobre las muestras recolectadas y la citación de los responsables de ambas empresas para que presten declaración. Las imputaciones fueron realizadas en el marco de la Ley N° 25.612, que regula la gestión de residuos peligrosos.