El hecho ocurrió en el 2012 y once años después tuvo su resolución en la justicia federal, más precisamente en el Tribunal Oral Federal de la capital provincial.

En el año anteriormente mencionado, hubo un robo de toneladas de cables pertenecientes a la DPE (Dirección Provincial de Energía) en dos camiones que estaban cargados estacionados en una dependencia de Vialidad Provincial y que fueron sacados de nuestra provincia de manera “camuflada”, siendo vendido el cobre de los cables en la provincia de Buenos Aires. En su momento, se valoró en U$S 700.000 (setecientos mil dólares) el monto en que se vendió el cobre.

La Fiscal María Hermida más los querellantes, la DPE y AFIP-ADUANA han solicitado una condena de 4 años de prisión efectiva a la Despachante de Aduana, Susana Sanabria, por el delito de contrabando doblemente calificado y a su empleado, Elohim Millán Martínez, 2 años en suspenso como partícipe secundario.

Los otros imputados en la causa son los empleados de la aduana de Río Grande, Tomás Luna y Eduardo José Amari, como así también el empresario Andrés Márquez, alias ‘El Gitano’, quien organizó la maniobra desde el continente.

El abogado querellante, Raúl Paderne, junto a la fiscalía solicitaron 2 años de prisión efectiva para los agentes aduaneros Tomás Luna y Eduardo José Amari, 2 años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta como funcionarios

Para el empresario Andrés Márquez, se solicitó una condena de 5 años de prisión efectiva por contrabando calificado como autor material e intelectual, mientras hay un segundo partícipe de apellido Moura, el cual pertenece prófugo desde hace varios años.