La Fiscalía Criminal y Correccional 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella elevó a juicio oral la causa por el crimen del joven Lucas González, el futbolista de Barracas Central, asesinado en noviembre de 2021 durante un procedimiento policial.

El inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva, todos ellos de la Policía de la Ciudad, son los principales acusados del crimen aunque hay otros 11 implicados de la misma fuerza.

Según el portal web fiscales.gob.ar, el fiscal pidió en su requisitoria de elevación a juicio que Issasi, López y Nieva -quienes prestaban funciones en la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- vayan a debate oral como coautores de los delitos de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial".

Además, fueron acusados de "tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley".

El fiscal solicitó también que sean juzgados el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 de la Policía de la Ciudad Daniel Alberto Santana; el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán; el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos; y el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar.

Además, pidió la elevación a juicio para el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas; los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Dario Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Juan Horacio Romero; y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Vecinal, Roberto Orlando Inca.

Todos ellos como presuntos coautores de los delitos de "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas".

Cueva e Inca también fueron acusados como coautores de "falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados".