La auxiliar fiscal Ana Oberlin, que representa al Ministerio Público en el juicio conocido como "Brigadas" por crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y "El Infierno" de Avellaneda, afirmó que "el momento es ahora" para que se juzguen los delitos denunciados por ocho mujeres del colectivo travesti-trans y remarcó "la importancia de un juicio oral conjunto", tras conocerse la confirmación de la Cámara de Apelaciones de la Plata del procesamiento a los genocidas imputados en esa causa.

El 28 de septiembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ratificó el procesamiento dictado por el juez federal Ernesto Kreplak el 12 de abril último para el grupo de imputados que integran Jaime Lamont Smart, Julio Alberto Candioti, Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón, Carlos Gustavo Fontana, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Jorge Antonio Bergés, Federico Minicucci, Juan Miguel Wolk, Enrique Augusto Barré y Luis Horacio Castillo.

En tanto, entre los meses de abril y septiembre fallecieron los imputados Miguel Osvaldo Etchecolatz y Emilio Alberto Herrero Anzorena.

En el marco de este procesamiento, los represores deberán ser indagados y juzgados por alrededor de un centenar de nuevas víctimas, dentro de las que se encuentran ocho mujeres del colectivo travesti-trans.

"Lo que se logró es que se tome como una persecución más generalizada, no solamente por la cantidad de personas que se consideraron victimizadas, sino también tomando en cuenta la situación general de violencia que vivía el colectivo travesti-trans en esos años", celebró Oberlin.

En el documento, la Cámara se pronunció acerca de la violencia sexual contra el colectivo travesti-trans en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield y lo caracterizó como un "ataque generalizado y sistemático" encuadrado dentro de los delitos de lesa humanidad.

"Todo tipo de violencia, incluida la violencia sexual ejercida dentro de los centros clandestinos de detención, debe considerarse parte del ataque generalizado y sistemático, ya que fue fruto del dominio absoluto que tenían los agentes de la represión sobre las personas privadas ilegalmente de su libertad", justificó el texto.

Oberlin destacó que "ese fue el planteo que hicimos desde el Ministerio Público Fiscal" y señaló que "la respuesta nos da la razón, en definitiva".

En esa línea, sostuvo que "el momento es ahora" para que se juzguen los delitos cometidos contra el colectivo travesti-trans y destacó que "es la primera vez que se hace un procesamiento por mujeres trans como personas victimizadas de forma colectiva".

También alertó que si se deja pasar el tiempo "las personas que podrían estar acusadas son grandes de edad y van muriendo", y señaló que lo mismo ocurre "con quienes sufrieron estos delitos".

El juicio "Brigadas" inició el 27 de octubre de 2020 y desde entonces se lleva adelante una vez por semana.

Allí ya declaró Valeria del Mar Ramírez, la primera mujer trans que se presentó como querellante en un juicio de lesa humanidad.

Los otros siete casos denunciados por personas trans se encuentran enmarcados en la misma causa, pero aún no fueron elevados a juicio.

Oberlin destacó que la confirmación de la Cámara "ayuda a que nos encaminemos hacia el juicio oral" y sostuvo que, por eso mismo, se trata de "un gran paso".

Según la fiscal, que "los casos que fueron confirmados se unan al juicio oral que está en curso le daría otra potencia", ya que, consideró, "no estaría solamente el de Valeria del Mar sino que se incluiría a los otros siete".

En esa línea, Oberlin distinguió que los hechos denunciados por Ramírez "habían sido tomados de manera individual", pero destacó que ahora se le sumaron "imputados que antes no estaban".

Por otro lado, confió que la Unidad Fiscal tiene reportados "muchos otros casos" en esa jurisdicción y valoró "la importancia de un juicio oral conjunto para este grupo de ocho" para alentar a otras "que van a venir más tarde".

Consultada por los crímenes cometidos contra el colectivo travesti-trans durante la última dictadura militar, la fiscal señaló que "son un montón en todo el país con distinto grado de avance".

"No se puede decir un número", señaló, y argumentó que es porque "hay muchas que murieron a lo largo de estos años", ya que, explicó, se trata de un sector de la población que "tiene la expectativa de vida mucho más baja por las violencias que sufren".

En tanto, confió que en la Unidad Fiscal, donde trabaja bajo la coordinación de Hernán Schapiro y de la que también forma parte Juan Martín Nogueira como auxiliar fiscal, se encuentran trabajando "para sumar todos los casos que podamos".

La Unidad Fiscal viene trabajando en el causa Pozo de Banfield desde el 2013, y en el 2020 comenzó a tomarle testimoniales a las mujeres trans que estuvieron secuestradas en ese centro clandestino de detención que formaba parte del llamado circuito Camps.

Para Oberlin, la influencia que tuvieron los feminismos para que se pueda avanzar con esas denuncias "no hay que reducirlo al colectivo travesti-trans solamente", ya que, consideró, "tiene que ver, primero, con haber aportado a la visibilización de las violencias diferenciales hacia las mujeres cis en los centros clandestinos".

Pero además, en segundo lugar consideró que "tiene que ver con lo que pasa a nivel social con los feminismos para poder contar lo que sucedió: sentir que ahora sí las escuchaban".

Oberlin formó parte de la publicación "Ser Mujeres en la ESMA II: Tiempo de encuentros" donde escribió el apartado "Mujeres trans y travestis: una gran deuda para tener una mejor democracia".

Allí distinguió que pese a que las personas trans, travestis, lesbianas y gays "ya sufrían -y continuaron padeciendo- la violencia represiva estatal" antes y después de la dictadura, lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado "es que esas violencias se intensificaron", señaló en el texto.

En esos casos, explicó que a "la violencia estatal cotidiana" se le agregaron "los dispositivos propios del terrorismo de Estado".