El fallo de la Cámara, integrado por los jueces Capelloti, Satini y Gutiérrez, sostiene que la medida del juez González “fue desproporcionada, carente de fundamentos y dictada sin respetar las garantías básicas del debido proceso”. Como consecuencia, se ordenó la restitución de todos los bienes incautados, incluidos teléfonos y documentación.

La defensa del hombre, encabezada por la abogada Violeta Coronel, había presentado apelaciones y recurrido previamente al Consejo de la Magistratura. Aunque los consejeros consideraron que la falta cometida por González era “grave”, entendieron que no constituía delito y remitieron las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia para evaluar una posible sanción administrativa.

La Cámara destacó que el despliegue policial ordenado por el juez excedía los límites del fuero civil y que existían alternativas menos invasivas para producir la prueba necesaria. Si bien el fallo no resolvió el apartamiento inmediato del juez de la causa, la defensa del hombre advirtió que existe evidencia de un trato desigual y parcial en favor de la actora, lo que hace probable su remoción del expediente.