El 8 de agosto, el Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2, a cargo del Dr. Marco Mellien dispuso de forma inmediata la exclusión del hogar del funcionario, en el mismo momento en que la víctima estaba haciendo la denuncia en la Comisaría.

Cuando la mujer fue citada a declarar, lo hizo por más de 3 horas en compañía del equipo interdisciplinario del Juzgado de Familia Nº 2.

En tanto, el día 9 de agosto la víctima realizó la denuncia en la Fiscalía del Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. Nicolas Arias, quien impulsó la acción penal.

En forma simultánea, la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana (DIAT), intervino para llevar contención profesional en resguardo de la mujer.

Asimismo, el Juzgado de Familia ordenó al denunciado que abone el 15% de sus haberes, en concepto de cuota provisoria.

Cabe mencionar que, la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento tendrán vigencia hasta la finalización de la causa penal.

Simultáneamente, el Juzgado de Instrucción Nº1, a cargo del Dr. Javier De Gamas Soler dispuso la producción de medidas de prueba, por lo que fijó que la indagatoria al funcionario sea el 27 de septiembre. No obstante, ese plazo se puede modificar, toda vez que hayan reunidos las pruebas y estén los informes periciales.

Entre las reglas de conducta fijadas se encuentran: fijar domicilio; comunicar cualquier posible variación de éste a la autoridad judicial; comparecer inmediatamente a todas las citaciones que se le formulen desde el órgano judicial; prohibición de acercamiento a una distancia menor de 100 metros de la víctima, y de todo tipo de comunicación con ella, así como de testigos y familiares de quienes declaren en la causa.

En caso no cumplir con estas medidas, se puede ordenar su inmediata detención.