José Luís Iglesias “Si no nos dejan abrir los comercios, deben asistirnos con herramientas crediticias”

‘Gigi’ Iglesias, titular de la Cámara de Comercio de Río Grande, brindó un panorama desolador del verdadero estado de situación del sector en esta ciudad. “Desde las pymes y micropymes aportamos casi el 70 por ciento de recursos al Estado y nuestra actividad es transversal a las demás; no pedimos que nos regalen ningún centavo, solo que nos den un poco de oxígeno, nosotros garantizamos que con medidas acertadas todos podemos salir del pozo sin necesidad de cerrar comercios ni dejar familias enteras en la calle”.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, José Luís Iglesias, realizó un análisis de la situación del comercio en esta ciudad en el marco de la pandemia por el Coronavirus.
“Las micropymes y las pymes somos las que damos el 70 % del trabajo en la República Argentina. Estamos en una ciudad donde los ingresos provinciales tienen en casi un 70 por ciento su origen”, introdujo el dirigente mercantil.
Agregó que “en relación a la cadena de pagos, nuestra Cámara responsablemente fue entregando reportes de la situación, tanto al Municipio de Río Grande como al Gobierno de la Provincia, siempre con miras a evitar el efecto cascada y a mantener la paz social, en momentos en que la pandemia del COVID-19 azota a Tierra del Fuego con infectados cuyo número supera a toda la Patagonia en su conjunto”.
Al detallar las acciones en el contexto de cierre temporal de comercios y estrepitosa caída de las ventas, ‘Gigi’ Iglesias informó que “en primer término, consideramos que los bancos deberían hacer un esfuerzo y salir a enmendar la cadena de pagos que está cortada e intentar transformar los cheques rechazados en líneas de crédito a 12/18 meses como prioridad, para no agravar la situación crediticia de los mismos”.
Recordó que “el 27 de marzo se implementó el clearing con la finalidad de que quien debía cobrar lo hicieran, pero con los bancos cerrados y con los comercios cerrados también por la cuarentena, lo que imposibilitó de que generen éstos ingreso alguno por la nula venta de sus productos y/o servicios”.
Ante esta disyuntiva, “le planteamos a nuestros socios de qué obligación podían pagar, ya que era materialmente hacer frente a todas las que hay”.
En este sentido, observó que “obviamente que la prioridad siempre fue pagar los sueldos de los empleados, que es la decisión social más deseable. La consecuencia natural es una amplia cantidad de cheques rechazados que no son inocuos. Más allá de la deuda comercial que cada empresa pueda tener con sus proveedores, haber emitido cheques sin fondos les deja una mancha en su historial financiero que les dificulta ampliamente obtener cualquier crédito presente y futuro”.
En ese contexto, “el Gobierno nacional anunció una serie de medidas para aliviar la situación. En principio se condonaría hasta el 95 por ciento las cargas sociales en aquellas empresas afectadas por la cuarentena y se otorgarían compensaciones para pagar sueldos, en porcentajes con un máximo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que estaría cercano a los 17 mil pesos. El trámite para acceder al beneficio se estaría perfeccionando”, comentó Iglesias.
“Pensamos que a este tope del 75 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para su cálculo se le debería incluir la Zona para que realmente fuera significativo en nuestro sector”, entendió el Presidente de la Cámara.
Reparó que “el movimiento de la ciudad depende mucho de las electrónicas y fábricas de la zona norte de la Isla. Pero hoy en estas empresas, la actividad bajó a cero y están suspendiendo operarios; no están manufacturando productos y tampoco están haciendo despachos, lo cual va a traer consecuencias en la recaudación provincial, en las jubilaciones y en el salario público”.
“También es una realidad que si los números no dan, los comercios no pueden abrir, no hay créditos y la situación los empujará de inmediato al no pago de salarios, a despidos, a reducciones horarias, vacaciones anticipadas, convocatoria a acreedores y cierres de establecimientos”, advirtió.
“Como hemos pedido al Gobierno de la provincia, a la Legislatura fueguina y al Banco de Tierra del Fuego, es perentorio la implementación de una nueva ley de emergencia comercial por un plazo no menor a 90 días en la que se permita readecuar todos los trámites que no se pudieron cumplimentar por este cierre de la AREF (Agencia de Recaudación Fueguina) y los propios comercios”, consideró ‘Gigi’ Iglesias.
Además, “hemos propuesto que se desarrolle una línea crediticia en el BTF -Mi Pyme- con la finalidad de que se puedan otorgar créditos sin calificación previa, de libre disponibilidad para atender la contingencia de pago de haberes a nuestros empleados”, detalló.
En ese sentido, comentó que “los importes (de estos créditos) serían acreditados directa y estrictamente en las en las cajas de ahorro-sueldos que tienen en la institución crediticia, a devolver en seis cuotas y con la tasa mínima de referencia del BCRA (Banco Central de la República Argentina). Esto debería ser sostenido por los menos tres meses de salarios para permitir la contención social de nuestros empleados en la emergencia”.
“Si no nos dejan abrir los comercios, deben asistirnos para pagar a nuestros empleados y contemplar desde el Ministerio de Trabajo y los gremios esta realidad y desde la imprevisión no generada por el empleador y en el marco de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de la Presidencia de la Nación y ratificado por el Gobierno de la Provincia”, propuso.
Finalmente, José Luís ‘Gigi’ Iglesias formuló que “debe instrumentarse en forma urgente un ‘Fondo de Garantías Extendida’ para permitir que empresas, pymes, micropymes y comercios sujetos a calificación de créditos, la documentación de flujo de fondos y calificar con datos del ejercicio anterior o del mes de febrero antes de la cuarentena. Esto sería para cubrir la normativa y poder dar créditos dentro de las operatorias que eran habituales antes del 20 de marzo del 2020”.

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