La propuesta del presidente Pedro Castillo de que los peruanos se pronuncien, mediante un referendo, sobre si quieren una nueva Constitución, una de sus banderas de campaña, parecía tener hoy pocas posibilidades de prosperar en medio del inacabable enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.

La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, no solo se declaró contra el proyecto que, según ella, apunta a hacer de Perú "una nueva Cuba o una nueva Venezuela", sino que anticipó que Castillo podría ser objeto de una acusación constitucional por la supuesta ilegalidad de su propuesta, enviada esta semana al Parlamento.

Los partidos de derecha que hacen férrea oposición cerraron filas en defensa de la actual Carta Magna, redactada durante el Gobierno de ultraderecha de Alberto Fujimori (1990-2000), mientras que en los de centroderecha y centro hay muchas voces en la misma vía.

Así, a Castillo solo le quedaría básicamente el apoyo de su partido Perú Libre (PL), que tiene menos de un tercio de los parlamentarios, aunque incluso en esa organización marxista-leninista ha habido comentarios críticos.

La Constitución de 1993, en la que, según comentó el politólogo Alonso Cárdenas, se refleja el pensamiento de Fujimori, quien impuso "a rajatabla" los principios económicos liberales del Consenso de Washington a la par de un modelo político autoritario, ha sido definida siempre por la izquierda como un enorme obstáculo para el cambio.

En ese marco, los candidatos de izquierda, incluido Castillo, hicieron del cambio de Constitución una bandera de campaña en 2021. Las críticas apuntaban sobre todo al capítulo económico, en el que el Estado le cede la iniciativa al sector privado, un reclamo similar a los que llevaron a la creación de una Asamblea Constituyente en Chile.

El mandatario peruano posicionó el tema en su asunción, el 28 de julio, pero lo dejó de lado en medio del desgaste de su popularidad. Sin embargo, la semana pasada lo retomó y este lunes presentó ante el Congreso un proyecto para hacer el referendo en paralelo a las elecciones regionales de octubre.

Castillo no ha sido específico sobre las características que tendría la nueva Constitución, entre otras cosas porque considera que el oficialismo sería solo uno de los participantes del debate.

El portavoz parlamentario de PL, Waldemar Cerrón, anticipó que su partido podría proponer el control de precios para evitar incrementos drásticos en el costo de la vida, como el que se vive actualmente, lo que aumentó el coro de rechazo de las fuerzas conservadoras-liberales.

"El Estado debe ser quien controla los precios a favor de las mayorías y el Congreso debe decidir en qué casos se están excediendo. Dejar el libre albedrío no es de peruanos", dijo Cerrón, cuyo hermano Vladimir, líder de PL, es considerado por la oposición como el cerebro de la iniciativa.

El Instituto Peruano de Economía, un centro de análisis neoliberal, recordó que el control de precios fue practicado en Perú en el primer Gobierno de Alan García (1985-2000) y tuvo mucho que ver con la hiperinflación que llegó a contarse en millones.

La Constitución dice: "La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razones de alto interés público o de alta conveniencia nacional".

Según la izquierda y sectores de centro, eso ha derivado en que se relegue al Estado de cualquier intervención dirigida a cerrar brechas sociales en un país con fuertes inequidades.

La Carta también señala que el Estado "combate toda práctica que limite (la libre competencia) y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas", pero los críticos afirman que eso es letra muerta cuando se trata de frenar la ambición de grandes corporaciones.

En el terreno político, las fuerzas de derecha dicen temer que PL pretenda eternizarse en el poder, aunque analistas independientes consideran que eso es totalmente inviable en el actual contexto y por la debilidad del oficialismo.

"Que no digan que la Asamblea Constituyente es para que tal o cual partido se perpetúe en el poder. Es totalmente falso, aquí vamos a participar todos los peruanos", señaló Waldemar Cerrón.

Portavoces del Ejecutivo también han hecho énfasis en que las decisiones se tomarían por la vía democrática, por lo que consideran que no se puede hablar de un plan partidista. Según el ministro de Cultura, Alejandro Salas, si la iniciativa es derrotada en un referendo, simplemente se le archivará.

La propuesta de Castillo, aún no trabajada en detalle, señala que la posible Asamblea Constituyente tendría una inédita composición: 40 % de sus 130 miembros provendrían de los partidos inscritos, 30 % de ciudadanos independientes, 26 % de pueblos indígenas y 4 % de representantes afro.

La idea de la nueva Constitución retomó fuerza tras la ola de protestas populares de comienzos de este mes, que dejaron seis muertos y fueron las más duras en 10 meses de Gobierno de Castillo.

El mandatario anunció el proyecto para el referéndum en un acto en la ciudad de Cusco, una de sus plazas fuertes. Para los analistas, la intención del jefe de Estado es recuperar la iniciativa, puesta en entredicho desde el comienzo por la ofensiva de la derecha opositora.

Pero, a la par del cierre de filas conservador, acompañado de una estruendosa reacción de los medios convencionales, la propuesta también ha sido recibida con reparos por sectores de izquierda, más por las formas que por el fondo.

"Ni el oportunismo del presidente, ni la histeria del Congreso, le quitan la legitimidad a esta demanda (de una nueva Carta)", señaló la excandidata presidencial Verónika Mendoza, una activa promotora del cambio de Constitución que cree, sin embargo, que Castillo solo quiere ganar tiempo en medio de su constante peligro de ser destituido.

Incluso en PL sectores críticos de Vladimir Cerrón manejan matices. La parlamentaria Katy Ugarte, por ejemplo, estima que aunque el cambio de Constitución es una necesidad, en el convulsionado contexto no debería ser una prioridad.

Hasta ahora no está definida la fecha en la que el Congreso dará su respuesta. Perú ha tenido 12 constituciones en sus 200 años como república. Las cuatro más recientes, en el siglo XX, fueron resultado de propuestas de dictaduras.