En el documento "¿Qué pasa con la impunidad del abuso sexual en el Poder Judicial?" dado a conocer el sábado y firmado por más de 60 organizaciones, se identifican, en base a situaciones reales, las dificultades que enfrentan las víctimas y se reclaman cambios judiciales que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las organizaciones reclaman una reforma judicial que escuche a niñas, niños y adolescentes, que les proteja del abuso sexual, les escuche y les crea; que el sistema judicial deje de usar para investigar el abuso sexual los mismos métodos que utiliza para otros delitos, teniendo en cuenta que las formas infantiles de expresarse no son las mismas que en personas adultas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufren o han sufrido abuso sexual.

En la Argentina no hay estudios estadísticos sobre denuncias de abuso que llegan a condena, pero el ex juez federal Carlos Rozanski, director de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales -firmante del pronunciamiento-, en su libro "Abuso sexual infantil, ¿denunciar o silenciar?", da un indicio: 99 de 100 niños y niñas que denuncian abuso sexual pueden quedar a merced de quien los abusó.

Para las organizaciones firmantes del documento esta situación "es responsabilidad de gran parte de la trama de actores del sistema judicial: jueces, fiscales, cuerpo médico forense, Ministerio Público Tutelar y defensorías de Menores e Incapaces".

Sara Barni, integrante de Red Viva, organización que lleva acompañados más de 700 casos de abuso sexual en todo el país, sumó también "a grupos antiderechos que, conformados por una minoría de profesionales (abogados, psicólogas, médicos peritos de parte) son muy activos y agresivos en la defensa de abusadores sexuales, especialmente en los casos de incesto".

Y Victoria Acebedo, de la organización Yo sí te creo, identifica cuatro mecanismos "que llevan a la impunidad y revinculación de las niñas y los niños con los abusadores".

Se trata de desacreditar el testimonio de las adultas protectoras -la mayoría de las veces, madres- al aplicar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) -que la OMS estableció como 'inexistente'- que afirma que las mamás influyen hasta 'alienar' a niños y niñas para que digan cosas que no sucedieron

El otro eje es desacreditar la voz de niños y niñas cuando cuentan el abuso "con el falso Síndrome de Falsas Memorias (SFM), que señala que su relato es un 'recuerdo implantado' por la madre, la psicóloga clínica o la médica que los atendió".

El tercer punto es "amedrentar a profesionales que certifican los abusos a través de denuncias penales por mala praxis, falsedad ideológica o amenazas directas".

Y el cuarto es el 'negacionismo' al momento del examen físico forense "que consiste en negar las lesiones observables o en algunos casos reconocerlas pero asignarles un motivo diferente al abuso", detalla Acebedo.

En el informe, las organizaciones cuentan que "dentro de los juzgados a las madres se las retrata como obstructoras del vínculo paterno, con el fin de encubrir a los denunciados por abuso sexual infantil (ASI)".

Hay casos donde los niños y las niñas son alejadas del amparo de la persona adulta protectora y llevadas por la fuerza pública a kilómetros de distancia.

Los casos de Arcoiris , Sol y Martín

"Hablamos del arrancamiento de niñes de su centro de vida, mediando cambios de escolaridad y alejamiento de su madre y familia extensa, muchas veces con el impedimento sobre las madres para comunicarse de cualquier forma con sus hijes", cuenta Ivana Galdeano, integrante de la Organización cordobesa Akelarre.

Esta organización acompaña en este momento dos casos de abuso sexual intrafamiliar ocurridos en 2018 y 2019: el de Arcoiris, una niña oriunda de La Rioja de 5 años, víctima de abuso sexual intrafamiliar por parte de su abuelo paterno, a quien denunciaron dos veces por hechos diferentes.

Y el de Sol, de 6 años, víctima de abuso sexual en la infancia por parte de su progenitor, denunciado varias veces.

"En ambos casos las madres y sus niñas han sido víctimas de aplicación de SAP y de un total negacionismo y descreimiento por parte del Poder Judicial", señala Galdeano.

Daniela Dosso es trabajadora social especializada en salud mental y como madre acompaña a Martín, de 7 años, en la denuncia de abuso sexual contra su progenitor.

"Como sucede en cerca del cincuenta por ciento de los casos, en la instancia de Cámara Gesell el niño no pudo hablar del abuso.

En el informe del Ministerio Público Tutelar dice que si en el futuro el niño hablara podría tener añadida información a un recuerdo original "por quedar expuesto a contaminaciones provenientes del exterior", es decir aplicó en potencial el Síndrome de Falsas Memorias", relata la profesional.

Y agrega que "con este párrafo, la psicóloga perito del Estado condena a mi hijo a no ser oído en el futuro porque si habla, dice el informe, ese relato va a estar contaminado por mí y por la psicóloga de mi hijo. Obstruye el derecho a la prueba y viola su derecho a ser oído en el futuro".

Este es uno de los puntos que denuncian las organizaciones especializadas en la exigencia de un cambio en la atención judicial.

Por estas realidades, Acebedo, que integra la Campaña Nacional Contra las Violencias Hacia las Mujeres, dice que en muchos casos el funcionamiento del sistema judicial "es estructuralmente revictimizante".

Desde esa organización lograron torcer la proscripción que operaba para las personas que siendo adultas logran denunciar a abusadores de su infancia, y así, quien sufrió un abuso desde el 2015 en adelante puede hacer la denuncia en cualquier momento.

Aunque aún las modificaciones no alcanzan para incluir a las generaciones mayores.

El 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra los Abusos Sexuales en las Infancias y Adolescencias, y en esa fecha, de 16 a 20 se realizará un festival en la Plaza Congreso, en resonancia con acciones en distintas ciudades del mundo para concientizar sobre esta problemática.