La solicitud de suspensión del protocolo había sido presentada por Amnistía Internacional Argentina, el CELS y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) en el marco de una causa que cuestiona su constitucionalidad. Las organizaciones también pedían que se instruyera a las fuerzas de seguridad a no ejercer "la fuerza de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada contra las personas". En su resolución, el juez Cormick fundamentó su negativa al sostener que "no es tarea del Poder Judicial de la Nación intervenir en las competencias de los otros poderes del Estado" y que, por lo tanto, "la medida no puede prosperar atento los términos en que ha sido deducida".
Asimismo, el magistrado argumentó que el pedido de suspensión del protocolo "tampoco puede prosperar pues adoptar tal decisión conduce a abordar la cuestión de fondo y -por lo tanto- no corresponde a título cautelar expedirse acerca de ello en resguardo del principio de contradicción que guía a todos los procesos y del derecho de defensa consagrado constitucionalmente".
A pesar de la negativa, el juez ordenó recopilar evidencias durante la movilización del miércoles, observando el accionar en vivo de las fuerzas federales. "Ante la proximidad de la marcha convocada para el miércoles 19/03/25 que genera en los solicitantes la incertidumbre acerca de que los hechos ya acontecidos puedan volver a repetirse, corresponde poner en conocimiento de las partes que este Tribunal observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio - a través de los medios probatorios previstos en el CPCCN (aplicable supletoriamente -art. 17 ley de amparo)- toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho y/o acto que resulte procedente para resolver la cuestión en debate en estos autos, tal es el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución 943/23 (Protocolo de Seguridad)", sostuvo en su escrito.
Desde el Ministerio de Seguridad ya anunciaron que prevén desplegar un operativo con las fuerzas federales de mayor volumen que el del 12 de marzo, jornada en la que se registraron múltiples incidentes, incluyendo detenciones y denuncias de abuso de autoridad. Según informaron, el objetivo es garantizar la circulación y prevenir hechos de violencia.
Por su parte, el CELS, Amnistía Internacional y Sipreba habían solicitado a la Justicia que ordene al Ministerio de Seguridad que "instruya a las fuerzas de seguridad intervinientes en los operativos desplegados durante las manifestaciones a no ejercer la fuerza de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada contra las personas". También reclamaban la adopción de "medidas concretas para garantizar la efectividad de dicha instrucción, incluida la debida producción de información y rendición de cuentas sobre los hechos sucedidos en cada operativo", así como la protección de la integridad de los trabajadores de prensa y el respeto a su labor periodística durante la cobertura de la protesta.
Se tiene previsto que para la movilización de este miércoles se cuente con la participación de jubilados, gremios y diversas organizaciones sociales. La expectativa está puesta en el accionar de las fuerzas de seguridad y en el monitoreo en vivo que realizará la Justicia para evaluar el cumplimiento de los protocolos y derechos constitucionales en el marco de la protesta.