El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la justicia laboral con una medida cautelar de no innovar contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Desregulación, con el fin de evitar el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La acción judicial pretende impugnar el decreto 461/2025 por considerarlo inconstitucional y “violatorio de derechos laborales y humanos fundamentales”. El propósito es preservar un organismo con más de 93 años de historia y más de 5.000 trabajadores distribuidos a lo largo del país.
Con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, la presentación fue radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23, a cargo de Marta Rey. El escrito solicita “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25”, al que el presidente Javier Milei apeló para “concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública”.
Tal como lo anticipó Ámbito, el recurso también remarca la falta de previsión en torno al futuro de las funciones que cumple Vialidad Nacional. “Se genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos y operarios que aportaron, desde la creación de los distintos organismos estatales, seguridad, adelantos tecnológicos y la custodia de la vida digna de todos los argentinos”.
Actualmente, la DNV cuenta con 5.245 empleados. En el amparo se plantea que, en caso de mantenerse la decisión de disolver el organismo, los trabajadores deben ser incorporados a otras dependencias del Estado, conservando los mismos derechos, condiciones laborales, antigüedad y beneficios. La medida cautelar de no innovar, en tanto, busca garantizar el cobro de haberes y la continuidad de los puestos mientras se desarrolla el proceso judicial.
Entre los fundamentos, el planteo sostiene que la Ley Bases y las facultades delegadas al Ejecutivo no le otorgaron la competencia para eliminar entes como Vialidad Nacional. Indican que el artículo 76 de la Constitución Nacional impide la delegación legislativa al Ejecutivo, salvo casos específicos y por tiempo determinado. Por lo tanto, argumentan que la disolución de la DNV, ente autárquico creado por ley, no puede realizarse por decreto ni mediante facultades delegadas.
Finalmente, desde los gremios advierten que el cierre de Vialidad “afecta el interés público”, ya que implica un aumento de la inseguridad vial y una disminución en los mecanismos de control y transparencia.