Se trata del caso por 9 estafas inmobiliarias en Río Grande contra particulares que entregaron adelantos por obras que no se concretaron.
En sintonía al pedido, la fiscal de la causa consideró: “Mostraban solvencia económica para engañar a los damnificados que permitió encontrar el cuadro suficiente para que las víctimas creyeran en sus palabras, además de un contrato firmado ante escribanía, oficinas montadas, avisos en radios y obras que eran mostradas”.
“No podemos hablar de una participación menor en la maniobra”, dijo la fiscal respecto al acusado quien se mostraba como la cara visible de una empresa familiar junto con la prófuga Susana Ancalipe, quien según la investigación, firmaba los recibos.
Esta última, hasta el momento no ha podido ser hallada por la justicia, quien de la misma forma se espera que sea detenida y juzgada.
Respecto al imputado, la fiscal pidió una pena de 4 años de prisión efectiva y su detención inmediata.