El vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado horas antes de la medianoche el cierre definitivo del organismo. “Faltaba su muerte administrativa: mañana (por hoy) el INADI habrá dejado de existir para siempre. FIN.”, escribió en sus redes sociales.
La normativa establece: “Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”. Asimismo, el Ejecutivo ha transferido la “totalidad de los recursos materiales y financieros del Instituto” al ministerio encabezado por Mariano Cúneo Libarona.
De esta manera, el Ministerio de Justicia será el encargado de la elaboración y ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo. Respecto al personal del INADI, se dispuso que aquellos alcanzados por el régimen de estabilidad quedarán sujetos a las previsiones del artículo 11 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus modificatorias.
El INADI fue creado en 1995 por la Ley 24.515 y comenzó a funcionar en 1997. El organismo, calificado por Milei como "Un antro de ñoquis y corruptos que se dedicaban a perseguir", fue intervenido por primera vez en el 2000, por orden de Eugenio Zaffaroni, y desde aquel momento se prorrogaron sucesivas intervenciones.
El presidente libertario había cuestionado duramente al organismo, quien lo describió como la "Policía del pensamiento kirchnerista" y aseguró que era "Un instrumento que se utilizaba para armar listas negras y para perseguir ideológicamente a los que pensaban distinto".
Tras este anuncio, se dieron a conocer más detalles a través de un comunicado del Ministerio de Justicia. “El INADI contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente. Por ejemplo, tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución”, indicaron, precisando que en los primeros dos meses del año “se resolvieron 2.000 de ellos”.
Según la normativa, “Se constató el sobredimensionamiento de la estructura funcional del INADI”. Al momento de asumir la actual gestión de gobierno, el organismo contaba con 431 agentes activos distribuidos en 44 sedes en todo el país.
El Estado nacional abonó los salarios de dicho personal, lo que en marzo de 2024 implicó una erogación total de $315.644.195,87, monto que equivale aproximadamente a 2.347 jubilaciones mínimas. Además, las campañas de sensibilización y capacitación ejecutadas no contaban con el correspondiente expediente administrativo ni documentación de respaldo. “Transcurridos más de 20 años desde entonces, el INADI no ha elaborado aún el ‘Plan Nacional contra la Discriminación'”, concluyeron.