"Los usuarios de Rosario, Tucumán, Santa Fe, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Chaco, Bariloche, Jujuy, Santiago del Estero, San Nicolás, Bahía Blanca, Santa Cruz, Tierra del Fuego, entre otras provincias y localidades, ya han sufrido las consecuencias de la inacción de las autoridades nacionales, provinciales y municipales", expresaron los empresarios en un comunicado.

Los privados acusaron a los funcionarios de los distintos niveles por su falta de soluciones "a pesar de la responsabilidad contractual y social que les cabe en materia de transporte público de pasajeros urbanos".

El estado de situación del sistema ya experimenta "perniciosas consecuencias que hemos advertido reiteradamente y han perjudicado la vida diaria de millones de ciudadanos", observaron los concesionarios. Y señalaron que "muy próximamente" afectará el trabajo de miles de empleados en la prestación de los servicios y "la desaparición del capital de las empresas prestadoras".

FATAP mencionó que el Estado nacional, los gobiernos provinciales y los municipios son los titulares de los servicios y los "garantes de su sustentabilidad", motivo por el cual "no pueden eludir sus responsabilidades ante los usuarios, las prestadoras y los trabajadores". Sin embargo, las empresas cuestionan que "persisten en una actitud que soslaya la realidad de los costos del sistema por ellos diseñado y configura una lamentable deserción estatal".

Ante este cuadro de situación, la Federación de empresas expone "a la discusión pública" que los gobiernos y poderes concedentes deben establecer una tarifa base para los servicios de transporte de pasajeros urbanos por colectivos del interior del país de $700.

De no avanzarse en este incremento, la FATAP ha recomendado a sus afiliadas "no prestar servicios en la medida de aquella tarifa no sea analizada, reconocida y aprobada" por las autoridades competentes. Así buscan "evitar que mientras estas mantienen una actitud abúlica y prescindente, nuestro sector desaparezca definitivamente".