La Comisión Investigadora de la Sala Acusadora iniciará el período de pruebas para delimitar si hubo responsabilidad del Intendente Martín Pérez en el caso que involucra al ex representante del área de Juventud municipal César Segovia, por perjuicio al erario público.
Río Grande.- Esta comisión, constituida a partir del pedido de un vecino para llevar adelante un proceso de juicio político contra el Intendente y funcionarios del gabinete local, manifestó admitir formalmente la denuncia con el fin de lograr los elementos que permitan formar criterio y sustentar una decisión acorde a las responsabilidades del Concejo Deliberante y a las expectativas de la ciudadanía que sigue de cerca el caso, cuya masividad se dio desde la denuncia penal que el propio Municipio radicó ante la justicia ordinaria.
En este contexto, el concejal Javier Calisaya del bloque Forja Todos y presidente de la Comisión Investigadora, detalló en su dictamen que “ante la inquietud social generada, tenemos la responsabilidad de llevar respuesta a la ciudadanía que nos da mandato para que lo representemos”, agregando que “el avance de las pruebas garantizará la sobriedad, la diligencia y la responsabilidad correspondiente, sin ser funcional a las especulaciones de nadie, teniendo como único norte el interés del pueblo en que se respeten la democracia y sus instituciones”.
Asimismo, resaltó que “descartar de plano investigar los hechos hubiese sido un despropósito institucional”, al tiempo que señaló que “nadie debe molestarse por ser blanco de una denuncia o de una investigación”.
“Las y los gobernantes estamos expuestos y expuestas en todo momento a un proceso de investigación, es algo que puede pasar y lo aceptamos desde el momento en que elegimos la participación política como opción de vida. Permanentemente tenemos que dar pruebas de que tenemos la tranquilidad y la convicción de que estamos haciendo lo correcto y gobernando con estricto apego a la legalidad”, suscribió el Edil.
En ese sentido, el concejal subrayó que es atendible la trascendencia social del caso “porque estamos hablando de la administración de recursos que pertenecen a las vecinas y los vecinos” y explicó que “en esta instancia del proceso, corresponde valorar si la denuncia es admisible o inadmisible, lo cual no tiene otros alcances posibles que los de abrir la investigación para recabar pruebas, o archivar el expediente”.
“No se puede establecer por el momento si corresponde o no acusar”, expresó.
Por último, Calisaya se refirió a los alcances de la investigación, según lo que estipula la Carta Orgánica Municipal: “Sólo enumera, como sujetos alcanzados por el juicio político, además de Vocales del Tribunal de Cuentas y Juez de Faltas, al Intendente., y en este proceso estamos”, concluyó.