El ministro de Economía, Martín Guzmán, eliminó del presupuesto ingresos por $800.000 millones en concepto de Rentas de la Propiedad, que no están relacionados con operaciones de colocaciones de bonos en pesos, sino que son utilidades del Banco Central. Se trata de una de las exigencias asumidas por el titular del Palacio de Hacienda al cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en marzo pasado.
Así figura en un detallado reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre las modificaciones que se hicieron al presupuesto mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 331 sancionado a principios de junio. La modificación responde a un compromiso asumido con el organismo que conduce Kristalina Georgieva contenida en el acuerdo de Facilidades Extendidas aprobado en marzo. Había que adaptar la prórroga de la Ley del 2021 que está vigente, porque el Proyecto 2022 que Guzmán había mandado en diciembre fue rechazado por el Congreso.
El acuerdo implicaba que Economía renunciara a las ganancias del BCRA, que era una manera de sumar ingresos. “Se eliminan los $800.000 millones de utilidades a ser transferidas desde el Banco Central de la República Argentina que estaban en el presupuesto prorrogado del 2021”, dice el reporte técnico. Ese monto sería equivalente a 1,17% del PBI.
Así, según indica el informe, en el presupuesto vigente quedaron como Rentas de la Propiedad $339.968 millones, que representan según la OPC el 0,5% del PBI que corresponden a operaciones de colocaciones de bonos.
La oficina técnica del Congreso aclara que el Poder Ejecutivo no informó las proyecciones macroeconómicas sobre las cuales reformuló las estimaciones. Trascendió que se espera un crecimiento del PBI del 4% y una inflación a fin de diciembre de un 62% anual.
Las Rentas de la Propiedad, tal cual quedaron, corresponden a las utilidades que surgen de la colocación de bonos en pesos. Es lo que se denominó “contabilidad creativa”, que ayudó a cerrar los números del primer trimestre. Según aclaró el Ministerio de Economía, a los efectos de cumplir con la meta del déficit fiscal con el FMI de un 2,5% para este año, solo se podrá usar hasta el 0,3% del PBI de ese recurso contable. Desde mayo, el Palacio de Hacienda informa el déficit primario en dos versiones, una con ese tope, y otra adoptando el criterio del programa con el FMI.
Pero una cosa son las metas imaginadas y otra es la realidad. Según señaló a Ámbito el economista Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, “el déficit fiscal de este año va a ser del 3,5%”, es decir, un punto por encima de lo previsto en el acuerdo con el FMI. En su mirada, este año el rojo de las cuentas públicas no solo quedará fuera de rango respecto del programa con el organismo de crédito sino que será más alto que el del año pasado. El economista plantea que Guzmán tendría una “flexibilidad” de hasta el 2,7% del PBI, que se puede financiar con créditos de otros organismos multilaterales de crédito. Para Abram, resultan “increíbles” las flexibilidades que le concedió el FMI al Gobierno argentino en el programa vigente. “Van a usar todos los mecanismos disponibles para ajustar lo menos posible”, señaló.
Por su parte, Martín Calveira, economista del IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral, señaló que “por ahora no se vislumbran cambios importantes en cuanto al gasto, más allá de que en el final del segundo semestre habitualmente se alcanza un nivel mayor”. “La dificultad está más en cómo se va a seguir financiando el déficit. Con este nivel de expresiones cambiarías y el panorama inflacionario, seguir con la emisión monetaria está siendo cada vez más complejo”, señaló Calveira. El economista ve como poco probable que “se intenté un ajuste del gasto dado el contexto político y social”.
Por otro lado, los números del proyecto de presupuesto que había pensado Guzmán para este año, que fue finalmente rechazado por el Congreso, reflejan las dificultades que tiene el titular del Palacio de Hacienda para establecer proyecciones. Por caso, decía que habría una inflación del 33%. La comparación con el DNU 331 realizada por la OPC pone en claro cuán fuera de rango quedó la iniciativa. A fines del 2021 el titular del Palacio de Hacienda pensaba destinar a gastos corrientes $11,7 billones y ahora estima que van a ser $14,8 billones. Le agregó un 26,7 por ciento.