La actualización se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 111/2025 en el Boletín Oficial durante la madrugada, que introduce modificaciones al decreto 727/2021. Así, la norma redefine la distribución de los aportes obligatorios al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) de las empresas beneficiarias del régimen, destinando:
• 60% a proyectos productivos, ciencia, tecnología y formación de recursos humanos, con restricciones para evitar beneficios directos a empresas ya incluidas en el régimen.
• 40% a obras de infraestructura provinciales, municipales o nacionales para el desarrollo productivo, sin permitir su uso para gastos corrientes.
Además, una de las principales novedades del Decreto es la incorporación del artículo 6° bis, que permite a las empresas beneficiarias destinar hasta el 40% de sus aportes obligatorios en proyectos productivos propios, siempre que estos sean aprobados por el Comité Ejecutivo del FAMP-Fueguina. Las empresas que elijan esta opción deberán emitir un certificado de deuda a favor del fondo, que será cancelado a medida que se ejecuten las inversiones comprometidas. Asimismo, tendrán la posibilidad de adelantar inversiones, cuyo valor será ajustado por un coeficiente determinado por el Comité Ejecutivo.
El decreto se enmarca en un contexto de ajustes en la política industrial fueguina. Cabe mencionar que en el mes de septiembre, la gestión libertaria, que buscaba reducir impuestos e impulsaba esquemas como el RIGI, resolvió quitarle beneficios tributarios a casi la mitad de empresas textiles que estaban inscriptas en la provincia.
Según había comunicado en ese momento la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, el Gobierno “se expidió respecto de las adhesiones al subrégimen textil y decidió excluir a cinco empresas que incumplieron con los requisitos establecidos en el Decreto 594/23 y no podrán gozar los beneficios impositivos y aduaneros que concede el régimen especial”.
Entre los beneficios que percibían se encontraba la exención al pago de Ganancias, IVA, derechos de importación y otros beneficios. El Gobierno había dispuesto una prórroga de este subrégimen dado que, en 2021, la anterior gestión había estipulado que para la producción textil este esquema vencía el 31 de diciembre de 2023.