Se espera que la propuesta oficial esté alineada con el reciente informe técnico del FMI, que contiene los números fiscales del gobierno nacional para 2025 y 2026. La vocera del Fondo, Julie Kozack, señaló en su última conferencia que esperan “con interés” el presupuesto del año próximo a fin de “sentar las bases de las reformas fiscales necesarias y consolidar lo que se ha logrado hasta ahora”.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto primario se mantendría prácticamente constante en términos del PBI durante 2024, 2025 y 2026, manteniéndose la baja de 4,5 puntos porcentuales respecto de 2023. Por su parte, los ingresos se mantendrían estables en torno al 16,7% del PBI entre 2023 y 2025, con una suba prevista al 17,3% en 2026. Esto permitiría que el superávit primario pase del 1,6% del PBI en 2025 al 2,2% en 2026; sin embargo, dado que el gasto en intereses crecería más que la mejora del resultado primario, el resultado fiscal total de 2026 sería menor al de 2025, pasando de un superávit de 0,37% del producto a un equilibrio.

En este marco, Nadin Argañaraz, titular del IARAF, destacó que “es clave considerar el marco macroeconómico que el Gobierno espera para 2026, es decir situación del PBI, de la inflación, consumo, exportaciones, importaciones, entre otros”. Agregó que “dado el marco económico esperado, por el lado de los ingresos es preciso identificar qué política tributaria se espera llevar adelante en 2026. En esto la expectativa está puesta en qué impuestos el gobierno espera continuar bajando, luego de la del impuesto PAIS de este año”.

Respecto a la política tributaria, Argañaraz señaló que “en el Staff Report con el FMI se planteó un aumento de la presión tributaria efectiva neta de seguridad social. En el proyecto de presupuesto se podrá apreciar tanto las acciones de política tributaria como de administración tributaria esperadas para 2026″.

En materia de gasto, y considerando los recientes vetos presidenciales y el rechazo del Congreso, resulta relevante analizar la política propuesta por el Ejecutivo para 2026. Se espera observar si hay cambios que permitan alcanzar resultados similares a los de las leyes vetadas, así como decisiones sobre inversión pública y relaciones fiscales con las provincias. Según el Staff Report del FMI, el gasto primario se mantendría en términos del PBI cercano al 15%, similar al ratio proyectado para finales de 2025.

Otro aspecto a considerar es el gasto tributario: eventuales cambios que eliminen exenciones o beneficios sectoriales podrían incrementar la recaudación. Esto sugiere que el proyecto de Presupuesto podría incorporar reformas legales con impacto fiscal o complementarse con iniciativas de política tributaria y relaciones fiscales con las provincias.

Argañaraz anticipó que “es esperable que se de una intensa discusión en el Congreso, el punto es que en diciembre ingresan nuevos legisladores, lo que hace factible que se dilate el debate concreto hasta esa fecha”.

La consultora Invecq observó que la dinámica económica muestra dos caras: por un lado, la inflación se mantiene contenida en torno al 2% mensual, con un traslado acotado de la depreciación reciente a precios; por otro, la actividad permanece estancada desde fines de 2024, con señales crecientes de contracción, especialmente en sectores urbanos generadores de empleo.

Según LCG, para reiniciar la recuperación económica en los próximos dos años, el Gobierno deberá recomponer tres pilares: legitimidad popular, articulación política y expectativas económicas. Respecto a la articulación, la consultora destacó señales de cambio de estrategia tras la derrota en Buenos Aires, tanto en mensajes públicos de funcionarios y del presidente, como en la creación de mesas ejecutivas para coordinar soluciones a problemas puntuales.

Sin embargo, advierten que esta articulación enfrenta obstáculos: “no forma parte de la esencia del gobierno, por lo que no está claro que se considere seriamente entre las alternativas, y tras una estrategia basada en insultos y confrontación permanente, tampoco es seguro que encuentre una recepción favorable”, precisó LCG.

Además, la reacción de gobernadores invitados a la mesa fue “más bien desconfiada y cautelosa, cautela que mostró estar justificada por los posteriores vetos presidenciales a la emergencia pediátrica, al financiamiento universitario y, fundamentalmente, a la distribución automática de los ATN. A diferencia a lo ocurrido en otros vetos presidenciales, esta vez la reacción del mercado fue negativa, lo que muestra que hoy se está privilegiando el consenso y la sustentabilidad de las medidas tomadas, por sobre la vehemencia en la defensa de la reducción del gasto público”.