El 2024 comenzará con un fuerte ajuste en la economía. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la quita de subsidios a partir del 1° de enero en transporte y servicios públicos como la luz, el agua y el gas. Sobre todo, para "equiparar con las provincias del interior".
A esta decisión se le suma el paquete de medidas económicas que anunció el titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo. Así, la gestión de La Libertad Avanza le dará la bienvenida a su primer año de gestión con aumentos en todos los servicios.
Si bien todavía no especificaron el nuevo monto de los boletos de trenes y colectivos, sí es seguro que aumentará a partir del 1° de enero. La quita de subsidios en el transporte disparará el pasaje. Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAET) estiman que el boleto de colectivo rondará los $800.
La quita de subsidios también impactará en las facturas de servicios. Durante los últimos días, las empresas de gas pidieron aumentos promedio del 460% en el servicio.
Uno de los puntos claves y más polémicos de la ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso es el que declara la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025", con posibilidad de extenderla dos años.
Esta decisión implica delegar en el Poder Ejecutivo la posibilidad de legislar, algo que está inicialmente prohibido por el artículo 76 de la Constitución Nacional, salvo para casos de, justamente, emergencia pública.
La emergencia tarifaria es una declaración de estado de excepción en el sector energético, que otorga al Poder Ejecutivo facultades especiales para regular las tarifas de los servicios públicos de electricidad y gas natural. Sin embargo, la Ley primero debe ser aprobada por el Congreso, por lo que la emergencia no fue declarada oficialmente.
En Argentina, la emergencia tarifaria fue declarada por primera vez en 2002, durante la crisis económica y social que siguió al colapso del régimen de convertibilidad. En ese momento, la medida se justificó por la necesidad de evitar un colapso del sistema energético, que estaba en riesgo de quebrar debido a la falta de recursos para financiarse.