En el marco de la Ley provincial Nº 1013, el Parlamento aprobó una resolución para que el Poder Ejecutivo informe sobre la aplicación de esa normativa “específicamente en lo que respecta a la violencia obstétrica, regulada en el artículo 6 inciso e) y su adhesión”. La presentación fue ingresada por la legisladora Liliana Martínez Allende del bloque de la UCR – Cambiemos y aprobado por la totalidad del recinto. En 2018 el Parlamento había consultado sobre violencia obstétrica sin lograr respuesta del PEP.



Cabe señalar que, en los fundamentos de la presentación, la Parlamentaria dijo que se habla poco de la violencia obstétrica y entendió que “no podemos seguir soslayando las quejas de las damnificadas ”. En este sentido, es dable indicar que el asunto presentado, Nº 218/19, contiene información anexa para ilustrar la situación en Tierra del Fuego, donde 10 de cada 10 mujeres “indica la experiencia de al menos una situación de violencia obstétrica vinculadas con el embarazo y/o el parto”, según el informe Resumen General del Índice Nacional de Violencia Machista.



En este mismo sentido, Martínez Allende consulta específicamente sobre “prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporándose las mismas al Programa Médico Obligatorio. Derechos de los padres y de la persona recién nacida, conocida como la ley de parto humanizado, adherida por la Ley provincial Nº 691”, sancionada en marzo de 2006 y propuesta por el bloque del Partido Justicialista a instancias de la Asociación Civil Mujeres, de Río Grande.



En el articulado aprobado en la sesión del jueves pasado, el Parlamento consulta: “Aplicación de las leyes de referencia en nuestra Provincia; acciones positivas realizadas para el cumplimiento de las leyes; capacitación del personal de la salud en la temática y las políticas publicas llevadas a cabo” en pos de la aplicación de ambas normativas fueguinas.



Finalmente, la referente de la UCR – Cambiemos sostiene que es preciso conocer la implementación de las normas que “promueve el parto humanizado, como la Ley N° 26.485 de Protección integral de la mujer” y recuerda el “compromiso” que encaró Argentina en tratados internacionales como Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés) y la convención de Belem Do Pará, “que por su temática vinculada a los derechos humanos, desde el año 1994 gozan de jerarquía constitucional e instan a los Estados parte, a generar medidas de acción positiva para erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres e incluye la violencia obstétrica”, cierra.



Recordamos, que mediante asunto Nº 225/18, la bancada del MPF había consultado en la sesión del 24 de mayo de 2018 al Ejecutivo, sobre la aplicación de la Ley sobre Parto Humanizado, a raíz de una denuncia contra el Hospital capitalino. En las versiones periodísticas se dio cuenta de “que una madre denunció que no dejaron ingresar al padre de su hijo durante la internación por su nacimiento”. Sin embargo, el Parlamento no recibió respuesta alguna.