La propuesta, redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), contó con adhesiones de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales, y eleva el presupuesto universitario al 1 por ciento del PBI. La ley también contempla una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes, estableciendo una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre de 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos se destinarán al funcionamiento de los establecimientos universitarios, hospitales universitarios, actividades de Ciencia y Técnica y Extensión Universitaria. Sobre la recomposición salarial, la ley establece que el Gobierno deberá compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción, y que exista una actualización bimestral no menor al índice de Precios al Consumidor. Además, en 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas. La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá informes al Congreso.

El debate comenzó cerca de las 18 horas, luego de que el Senado rechazara decretos delegados y un decreto de necesidad y urgencia dictados por Milei, que también habían quedado sin efecto en Diputados.

Durante la sesión, la senadora Alejandra Vigo afirmó que "la universidad pública argentina es parte" de la "propia identidad nacional y defenderla es una decisión de futuro" y agregó: "Acompañamos este proyecto como parte de una estrategia mayor y garantizando que nunca más se discuta la educación en términos de ajuste".

Por su parte, el radical Martín Lousteau aseguró que "no hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto la 'vida' de una familia 'como la educación universitaria'", y agregó que "Hoy, los docentes buscan otra actividad para complementar, dejan la docencia o se van a universidades privadas".

Aunque votó a favor, el senador Juan Carlos Romero consideró que el proyecto "está sesgado, en medio de una campaña electoral" y opinó que se trataba de "un problema que se podría resolver o con un presupuesto o con una paritaria".

El senador Maximiliano Abad señaló que "Es un error monumental creer que la Argentina crecerá sola gracias al campo, Vaca Muerta o la minería. El desarrollo integral de una nación descansa en el nivel de calificación de su sociedad", mientras que el kirchnerista Daniel Bensusán agregó: "De qué manera se va a desarrollar un país si no hay profesionales que a través de su actividad desarrollen las economías regionales, el comercio, la industria, la ciencia y la tecnología. Las universidades tienen un rol trascendental".

El cierre del debate estuvo a cargo de Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza, quien criticó el proyecto no solo por cuestiones presupuestarias, sino también por "una supuesta baja en las tasas de egresados", y sostuvo: "Los argentinos no estamos dispuestos a pagarles las fiestas a las universidades. Eso tiene que ver con el mal manejo de los fondos públicos". También agregó que "La verdadera intención del kirchnerismo es romper el déficit y el crecimiento de la Argentina. No vamos a aceptar un presupuesto deficitario".

Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el Senado sancionó por segundo año consecutivo la Ley de Financiamiento Universitario, que el presidente Javier Milei prometió vetar por su impacto fiscal. Tras el debate, los bloques aprobaron también la emergencia pediátrica con 60 votos a favor y 8 en contra.