La sentencia original había sido dictada por el Tribunal de Juicio de Río Grande, que impuso la pena máxima por una maniobra fraudulenta que se extendió por más de una década. La resolución fue confirmada por la composición subrogante del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los camaristas Sergio Dieguez, Andrés Leonelli y Alejandro Fernández.

La causa se inició en 2013, cuando Ancalipe y su esposo Carlos Pérez, quien recibió una condena menor de 4 años de prisión, crearon la empresa “Río Grande Construcciones y Servicios”. La firma ofrecía viviendas “llave en mano” y ampliaciones que nunca fueron realizadas.

La investigación judicial determinó que la pareja utilizó medios de comunicación para publicitar promociones inexistentes, habilitó un local comercial como fachada y llegó a mostrar obras ajenas como propias, logrando que las víctimas entregaran adelantos de dinero. La suma estafada superó el millón 150 mil pesos.

El tribunal consideró agravantes el impacto psicológico y las consecuencias personales que sufrieron las víctimas, muchas de las cuales necesitaron asistencia psicológica. Varios damnificados relataron que vieron truncado el sueño de la casa propia o tuvieron que postergar proyectos familiares.

Tras más de diez años de proceso judicial y varios intentos de fuga por parte de Ancalipe, el fallo ahora es firme. La condenada deberá cumplir los 12 años de prisión efectivos, marcando la pena más alta dictada en la provincia por delitos de estafa y estableciendo un precedente en la jurisprudencia local.