El fallo, del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, extiende la medida cautelar que ya estaba vigente en esa provincia, y se da en el marco de una acción de amparo colectivo presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca junto a personas con discapacidad y la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM). La presentación se acumuló con otra realizada ante la Justicia Federal de La Plata por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con apoyo de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Además, participaron otras organizaciones de derechos de personas con discapacidad y derechos humanos.

Según indicaron los jueces, la restitución de los beneficios responde a la protección reforzada de las personas con discapacidad como colectivo vulnerable y a la garantía de derechos esenciales como igualdad, no discriminación y seguridad social. Señalaron que las suspensiones afectaban prestaciones de carácter alimentario y violaban el debido proceso, al haberse realizado sin notificación, resolución administrativa fundada ni posibilidad de defensa de los beneficiarios.

La resolución fue notificada al Secretario de Seguridad Social y Laboral, Fernando Javier Oviedo, y establece que ANDIS deberá restituir las pensiones en un plazo máximo de 24 horas. Además, se ordena que los reclamos sean canalizados a través de las asociaciones representantes y se dispuso la comunicación de la medida a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y al registro de procesos colectivos.

El conflicto generó tensión en la sede de la ANDIS en el barrio porteño de Belgrano, donde manifestantes irrumpieron en las oficinas reclamando por los recortes y la aplicación efectiva de la Ley de Discapacidad ya sancionada.

Cabe recordar que una medida similar había sido dictada por el juez federal Nº 1 de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, en respuesta a planteos del defensor del Pueblo de esa provincia, lo que refuerza la obligación del Estado de cumplir con la restitución de las pensiones suspendidas.