El fallo se produjo tras una investigación exhaustiva que incluyó peritajes informáticos, análisis de documentación y declaraciones testimoniales. El magistrado concluyó que no hubo manipulación fraudulenta en la fecha del Decreto Provincial que estableció las elecciones constituyentes del 10 de noviembre de 2024 y descartó la hipótesis de falsificación documental.
Además, la Justicia evaluó la denuncia por presunto abuso de autoridad en la designación de cargos públicos vinculados a la reforma constitucional, pero determinó que las pruebas no permitían configurar un delito, al no demostrarse una intención deliberada de violar la ley ni un perjuicio concreto.
La denuncia fue presentada por el exconcejal de Río Grande, Paulino Rossi, quien impugnó la legalidad del Decreto 1656/24 y la Ley 1529, argumentando que ambos vulneraban principios constitucionales. Además, sostuvo que el decreto había sido firmado de manera irregular por la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo. Rossi señaló que su presentación buscaba ampliar las objeciones previamente planteadas por el legislador Jorge Lechman, quien también había expresado fuertes críticas al proceso.
En este marco, el archivo de la causa reafirma la falta de elementos probatorios para sostener acusaciones penales y pone fin a una controversia que incluyó el allanamiento a la Casa de Gobierno con intervención de Gendarmería Nacional.