Fuentes del caso informaron que el jurado consideró que existe un posible delito que debe investigarse, por lo que admitió la acusación contra la titular del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº2 de San Isidro. Con esta decisión, la renuncia que Makintach presentó el 27 de junio no podrá ser aceptada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, estrategia que la magistrada había planteado para evitar el jury.

Los conjueces se reunieron en el Salón Dorado del Honorable Senado bonaerense en La Plata y rechazaron los planteos del abogado defensor, Darío Saldaño. Entre otros puntos, Saldaño solicitó suspender la jornada al considerar que “no se habían cumplido los plazos para elegir a un nuevo integrante del jurado tras la salida de la senadora Lorena Mandagaran”, lo que habría dejado incompleto el jurado suplente y omitido el procedimiento de nombramiento que exige el artículo 4 de la ley 13.661. También pidió apartar a la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, por sospechas de “parcialidad manifiesta”.

El jurado de enjuiciamiento no avaló estos planteos y decidió aceptar las acusaciones que pesaban sobre Makintach, suspendiéndola por las sospechas vinculadas a su rol durante el debate oral por la muerte de Maradona. Según consta, la jueza habría colaborado con la realización de un documental titulado Justicia Divina, brindando una entrevista y permitiendo la grabación en video y audio de parte de las audiencias.

De las ocho denuncias originales, cinco fueron ratificadas, incluyendo las presentadas por el Procurador Bonaerense Julio Conte Grand, el Colegio de Abogados de San Isidro, un grupo de legisladores bonaerenses, la Comisión Bicameral y Julio Coria, excustodio de Maradona imputado por supuesto “falso testimonio”. Las denuncias apuntan a “mal desempeño de sus funciones”, parcialidad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

El defensor también cuestionó a los jueces Maximiliano Savarino y Verónica di Tommasso, integrantes del TOC N°3 junto a Makintach en el primer juicio, argumentando que presuntamente estaban al tanto de las filmaciones y pidió que la acusación se ampliara contra ellos.

En su descargo, Makintach afirmó, “No existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional”. Respecto a Di Tomasso y Savarino, señaló que “supuestamente estaban al tanto de las filmaciones, algo de lo que los habría mantenido al tanto con conversaciones de modo diálogo presencial y vía chat de WhatsApp”.

Sobre la grabación del documental por la productora LaDoble, la jueza agregó, “La presencia notoria y evidente de una persona que entraba y salía de la sala llevando consigo a la vista de todos una cámara de grandes dimensiones fue el resultado de un hecho conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado”.

Finalmente, explicó que solo aceptó la propuesta de una amiga de la infancia, María Lía Vidal, “para dar una entrevista previa al inicio del juicio, en el ámbito tribunalicio, un día inhábil, lo que no provoca afectación a su labor diaria judicial”, y concluyó que no habría “posibilidad de considerar la existencia de mal desempeño, abuso de autoridad o violación de deberes funcionales”.