A tales efectos, los ministerios de Economía y de Bienestar Ciudadano celebraron el convenio a fin de conciliar la deuda histórica abarcando el período desde enero del 2016 al 31 de diciembre del 2023.
“Veníamos con un retraso importante en las deudas que hay con la obra social, de hecho hay una deuda histórica desde el año 2016 a la fecha, mas allá de que se han ido haciendo reembolso de dinero”, señaló la ministra.
A su vez, resaltó la firma del convenio con la obra social y el Ministerio de Economía, “Donde se plantea por un lado una comisión que empieza a funcionar a partir de ahora, para poder determinar esta deuda por las áreas del gobierno y de la obra social, y que posteriormente deberá ser revisaba por el Tribunal de Cuentas.
Una vez que aquello ocurra la ministra sostuvo que se planteará un plan de pago para poder ir cancelando esta situación, y por otro lado indicó: “Hoy todos sabemos que atraviesa sobre todo el sector de salud por los aumentos de los costos, no solamente en las prestaciones sino también en la medicación que utilizan las personas con discapacidad y que es sumamente necesaria”.
“Lo que queremos y lo que nos ha indicado siempre el gobernador es que necesitamos que estas personas estén asistidas, así que lo que hemos convenido es hacer un aporte desde el Ministerio de Economía de 150 millones de pesos más el 5% que ya el gobierno aporta por cada una de esas personas que se atienden a través de la obra social”, precisó.
Ese monto tendrá un ajuste mensual del 5% y cada seis meses, “Se va a hacer una redeterminación de cómo han quedado esos números mes a mes, y a partir de eso se verá si le debe el gobierno a la obra social en el caso en el cual hay 30 días para consolidar esa deuda y así poder hacer el pago de esa diferencia”.
“O en el caso de que fuera a favor del gobierno porque no se hayan utilizado todos estos recursos, quedará como parte de pago de lo que venimos adeudando. Esto es sumamente necesario porque obviamente se siguen requiriendo situaciones de salud que hay que atender y la obra social no puede dar respuesta con el dinero que le corresponde por esa prestación”, aseguró Chapperón.
En cuanto a la asistencia impartida, la ministra dijo, “Tenemos 1853 personas asistidas con RUPE por discapacidad, y si bien hasta el mes noviembre se han seguido incorporando, tenemos 70 pensiones en espera. Esas esperas plantea la ley, que más allá de cumplir todos los requisitos, tienen que tener el presupuesto asignado para poder ir incorporándolas”.
“Es un esfuerzo sin duda muy importante, realmente hay que poner una mirada acá y nosotros desde el ministerio vamos a empezar a controlar estas prestaciones no solamente con un fin económico, que por supuesto lo tiene, sino también para saber que las prestaciones que estamos haciendo son las adecuadas y que las personas con discapacidad están teniendo el tratamiento que les corresponde”, dijo finalmente Adriana Chapperón.